Al respecto, Gestión se comunicó con fuentes vinculadas a este proceso para conocer con exactitud la situación de Rutas de Lima (RDL), tomando en cuenta que la empresa hoy se encuentra en liquidación y ya está fuera de la concesión de las vías, y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
¿Una deuda que hereda la MML?
Vale la pena remontarse al 2014. En ese año, Rutas de Lima realizó una emisión de bonos por S/ 1,500 millones y, en ese momento, entraron las principales AFP y compañías de seguros.
El fin de la emisión era financiar la construcción de las más de 60 obras obligatorias (la operación y mantenimiento se financiaba con el cobro de peajes). Las fuentes cercanas a la concesión comentaron que la empresa cumplió con el pago de intereses durante estos años, quedando pendiente la deuda.
El 3 de diciembre del año pasado, RDL cesó sus operaciones y, días después, la MML notificó la terminación anticipada del contrato de concesión a la empresa, que ya había entrado en liquidación después que la comuna le limitara el cobro de los peajes.
Cabe recordar que un mes antes de esto, en noviembre, la empresa comunicó: "La compañía se encuentra en una situación crítica como consecuencia de las acciones de distintas entidades del Estado peruano, incluida la propia MML, la cual ha actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso, llegando incluso a solicitar la administración anticipada de la concesión".
Con esto en mente, las voces consultadas por este diario explicaron que, tras caducar el contrato, el cumplimiento de esta obligación habría pasado a manos de la MML. “El contrato de concesión obliga a la MML a asumir esta deuda si es que se cauda el contrato”, alertaron. Gestión constató esta información con la documentación que envuelve a este proceso.
Contrato y dictamen analizados
En la cláusula 17.6 del contrato de concesión que tenía Rutas de Lima con la MML, que pudo leer este diario, se establece: “en todos los eventos de caducidad en que el concedente o los acreedores permitidos asuman directamente o a través de un tercero la explotación de la concesión, no existirá obligación de ningún tipo de parte del concesionario para con los usuarios. Cualquiera que sean las cláusulas de caducidad, los acreedores permitidos tendrán el derecho de cobrar el saldo de la deuda aún no amortizado. Para estos efectos el concedente sustituirá al concesionario en todos los derechos sobre el fideicomiso de recaudación, así como las obligaciones únicamente vinculadas al pago de endeudamiento garantizado permitido de la concesión [...]”.
En noviembre del año pasado, previo a la caducidad del contrato, a través de un comunicado, Rutas de Lima se refiere a la deuda en cuestión y asegura que ha pagado -como mencionaron las fuentes- más de S/1,200 millones en intereses.
Ya con el contrato caduco, en diciembre del 2025, el dictamen N° 231-2025-MML/CMAL, de la MML, refiere a la supervivencia de obligaciones y responsabilidad patrimonial tras la caducidad del contrato. En este apartado se hace referencia, justamente, a la cláusula 17.6 del contrato.
“De conformidad con la cláusula 17.6 del contrato de concesión, modificada por la adenda de bancabilidad, la caducidad del título habilitante no extingue las obligaciones financieras frente a terceros. En virtud de dicha estipulación, el concedente asume la obligación de endeudamiento garantizado permitido”, se explica en el dictamen.
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Arbitraje contra el Estado
A todo lo mencionado se suma que Rutas de Lima y la MML están en medio de procesos arbitrales y que, el año pasado, Brookfield llevó al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por esta concesión.
Sobre el último suceso, fue el 27 de marzo del año pasado que el Secretario General en funciones de CIADI registra una solicitud para el inicio de procedimientos de arbitraje. Y, lo último que se conoció -según la propia información del caso- es que el 15 de septiembre del 2025, tras su nombramiento por el demandado, Zachary Douglas (suizo/australiano) acepta ser árbitro en el proceso.
