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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026 y firmada por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, introduce modificaciones clave al esquema vigente desde 2002.
Se eliminan trabas y se flexibilizan garantías. Buscan mejorar la competitividad, facilitar inversiones y ampliar el acceso al sistema exportador.
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La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026 y firmada por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, introduce modificaciones clave al esquema vigente desde 2002.
El Gobierno nacional avanzó con cambios en el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de reducir restricciones y ampliar su alcance dentro del sector industrial.
La medida, oficializada mediante el Decreto 252/2026 y firmada por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, introduce modificaciones clave al esquema vigente desde 2002.
Ampliación del régimen
Uno de los cambios centrales es que el régimen ya no solo alcanzará a las empresas industriales, sino también a sus proveedores. De esta manera, podrán importar insumos bajo el RAF para integrarlos en procesos productivos destinados a bienes intermedios, que luego serán incorporados al producto final.
Según el texto, la medida apunta a fortalecer la integración de la cadena productiva y sumar nuevos actores al sistema.
El decreto elimina la obligación de firmar acuerdos previos con cámaras sectoriales para acceder al régimen, un requisito que, según el Gobierno, limitaba el ingreso y podía generar prácticas restrictivas de la competencia.
Además, se flexibiliza el esquema de garantías exigidas ante la Dirección General de Aduanas, ya que deja de ser obligatorio el formato de garantía global. Esto permitirá a las empresas elegir opciones más adecuadas a su situación financiera y reducir costos operativos.
Cambios en la autoridad de aplicación
El nuevo esquema establece que la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero actuarán como autoridades de aplicación.
A su vez, la Dirección General de Aduanas deberá expedirse en un plazo máximo de 60 días sobre las solicitudes de adhesión, de manera constante que se cumplan los requisitos establecidos.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que el esquema actual generaba barreras que desalentaban la inversión y la creación de empleo, y que la reforma busca mejorar la competitividad de la industria frente a mercados internacionales.
En los fundamentos, el Gobierno remarcó la necesidad de impulsar exportaciones, reducir costos de transacción y eliminar privilegios sectoriales, en un contexto económico que calificó como crítico.
También se destacó que la experiencia del régimen en el sector automotor evidenció mejoras en producción, exportaciones y empleo, aunque su alcance era limitado frente al total de la industria.
El decreto establece que los cambios comenzarán a regir dentro de 60 días desde su publicación y será remitido a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento.
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