Rafael López Aliaga (RLA), candidato presidencial de Renovación Popular (RP), debe ser uno de los contendientes que más promesas electorales, en base a su plan de gobierno, ha hecho públicamente. Sin embargo, a medios de febrero presentó al equipo que lo ayudaría, de ganar las elecciones, a aterrizar esas ideas.
En materia económica el escogido es Alex Contreras, el exministro de Economía y Finanzas (MEF) durante el Gobierno de Dina Boluarte. El ahora jefe del plan económico de RP conversó con Gestión -como parte de las distintas entregas de este diario sobre los distintos candidatos y planes de gobierno- para precisar varias de las propuestas más comentadas de López Aliaga.
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¿Cuáles son los pilares del plan de gobierno de RP?
Todos están vinculados. Uno básico es la seguridad. La inseguridad está impactando la actividad económica y genera costos innegables, es clave. Eso se suma a otro pilar: la estabilidad macroeconómica.
Uno más tiene que ver con la reforma del Estado. Tenemos una propuesta agresiva para ganar eficiencia en el Estado y ampliar el espacio fiscal. Hay muchas eficiencias que se pueden ganar y por eso el plan apuesta seriamente por la infraestructura, tanto urbana, como para conectar el país.
Bajo ese marco, ¿cuál es la meta de crecimiento que plantea RP para el cierre de un eventual gobierno?
La meta es crecer 7%. Si uno revisa los últimos 100 años, al menos desde 1922, Perú ha crecido por encima de 7% en la cuarta parte de ese periodo. Es más, en las últimas dos décadas, en al menos 6 de esos años hemos crecido a una tasa de ese valor.
Pero hoy crecemos alrededor de 3%. ¿Podrán elevar la tasa 4 puntos porcentuales en 5 años?
Tenemos 200 medidas en base a 16 ejes en nuestro plan. La meta será viable, ejecutando reformas para tener un Estado más eficiente y sacar adelante la cantidad de proyectos privados que hay actualmente.
Pasemos a temas más específicos. RLA dijo brevemente que entregaría Petroperú a sus trabajadores. ¿Puede aterrizar la propuesta?
El plan es muy claro y propone transferir la propiedad de la empresa a los trabajadores. Nosotros creemos que el Estado ya hizo un esfuerzo demasiado grande. Si sumas garantías, capitalización y más, ya no corresponde darle un mayor financiamiento.
Pero aterricémoslo. En Petroperú hay 12 sindicatos y los trabajadores tienen un asiento en el directorio. ¿En qué consistiría transferirles la propiedad?
En el pasado peruano hay medidas similares implementadas tras un consenso con diferentes sindicatos. Lo que sí garantizamos es que no le daríamos más recursos a Petroperú.
Eso se entiende: no más “despilfarro” dice textualmente su plan. ¿Pero cómo garantizarlo si los trabajadores asumen la gestión de Petroperú?
Como te digo, se desarrollará cuando se tenga claro el estado actual de la empresa, a nivel de estados financieros, pero en principio es eso: buscar la transferencia. Se hará con mucha transparencia e involucrando a todos los stakeholders.
¿Por qué esa transferencia de gestión y operación comercial, a criterio de RP, es una mejor alternativa para Petroperú que darle un socio privado?
Es nuestro plan A, nuestra base con la información que tenemos hasta ahora. Si aparece otra posibilidad, se evaluará.
Otra propuesta de RP es reducir ministerios. Más allá del número que quedaría, ¿han estimado cuál sería el ahorro al Estado?
Para responder, podemos tomar de referencia la evidencia internacional y peruana. Si consideras la estimación de la Contraloría sobre el costo de la corrupción, son S/ 24 mil millones. Si le sumas las ineficiencias en las compras públicas, superposición de programas sociales y más, hay S/ 30 mil millones más. El ahorro potencial son S/ 50 mil millones. Es un número muy grande.
En su plan, bajo esa propuesta, hablan de un plan de incentivos para retiro, sin detallar más. ¿Ese es el camino para los trabajadores que, por la reducción, queden fuera del Estado?
Son 2 cosas a considerar. Uno, fortalecer la meritocracia. El plan busca extender el modelo de captación de talento del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a todo el sector público. No solo es una reducción, sino que habrá incentivos para atraer más talento. Dos, en casos específicos, como lo ha dicho RLA, generar incentivos en ministerios donde haya duplicidad de funciones.
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En lo tributario plantean migrar a un solo régimen. Aparte reducir la tasa del IGV para que informales se formalicen. ¿Cómo quedaría compuesto ese régimen único?
Por niveles, en función al crecimiento de la empresa. Apostamos por ampliar la base tributaria, pero también reducir el incumplimiento. Eso solo se podrá con incentivos para crecer como tasas bajas al inicio, acceso al financiamiento y capacitación. No tener más un Estado castigador que penaliza a las mypes.
En su plan proponen diversos proyectos de infraestructura, entre ellos un paquete de trenes y aeropuertos, ¿cómo van a financiar todo eso?
Gran parte de ellos serán inversión privada, pero buscaremos liberar espacio fiscal para hacer inversión pública también. Los mecanismos serán APP y redistribución diferida por infraestructura. Antes se creó un fideicomiso de infraestructura, pero no fue reglamentado.
¿Se replicaría la emisión de bonos que impulsó RLA cuando fue alcalde de Lima para financiar obras viales?
No porque buscamos un mix entre inversión pública y privada.
Otra propuesta que generó bastantes comentarios está referida a las concesiones mineras inactivas. RLA ha dicho que busca que se reviertan al Estado, pero los gremios del sector critican la idea.
Lo que queremos es evitar la inversión especulativa, la que especula con los precios y no genera impactos positivos. Las concesiones son derechos de explotación, no de propiedad. En esa línea va la propuesta y toma modelos aplicados en Chile, Canadá y Australia.
Pero los formales acusan que informales e ilegales invaden sus concesiones. No es que las áreas estén “inactivas” porque sí, no las pueden explotar por invasiones.
Es un punto válido. El nuevo esquema de formalización implica que los mineros informales deben asumir compromisos también. No solo en lo regulatorio, también en lo ambiental, propiedad, etcétera. Lo que está claro es que no podemos seguir como en la situación actual.
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Mantienen intención de demandar a Brookfield
La razón alude a que RP considera que Brookfield adquirió acciones de Odebrecht en RdL “de forma corrupta”, asuntó que marcó su gestión al frente de la Municipalidad de Lima.
“El plan busca a defender a toda costa los intereses del Estado frente a empresas involucradas en actos de corrupción. Se mantiene (la propuesta de demanda). Debemos evitar cualquier acto de corrupción y generar incentivos para que las empresas que defraudaron al Estado puedan subsanar sus faltas”, indicó.
