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- Según la acusación, los imputados utilizaron empresas, inversiones y estructuras comerciales para camuflar las operaciones ilícitas, lo que les permitió adquirir bienes inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustible.
El Ministerio Público de la República Dominicana inició la lectura formal de la acusación contra 70 personas físicas y entidades societarias vinculadas a la estructura criminal investigada en durante la denominada Operación Falcón, uno de los procesos de crimen organizado más amplios judicializados en el país.
La acusación comprende cargos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, usurpación de identidad, patrocinio del narcotráfico y otras infracciones, presuntamente ejecutadas bajo una red que operaba con apariencia de actividades comerciales legales para movilizar millas de millones de pesos.
Acusación basada en millas de pruebas
El expediente del Ministerio Público está sustentado en pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales, con más de 3,000 elementos probatorios y una teoría fáctica desarrollada en aproximadamente 4,000 páginas.
Según la acusación, los imputados utilizaron empresas, inversiones y estructuras comerciales para camuflar las operaciones ilícitas, lo que les permitió adquirir bienes inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustible.
Estructura criminal y liderazgo
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización era dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, quienes enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.
El caso fue conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, quienes dispusieron la suspensión del juicio para su continuación el próximo jueves 16 de abril.
Red de acusados
El expediente incluye decenas de imputados, entre ellas personas vinculadas a distintos sectores empresariales y sociales, señaladas como parte de clanes familiares, amistades y asociaciones que operaban en zonas del Este del país, Santo Domingo y Santiago.
Empresas participan
También figuran múltiples entidades societarias presuntamente utilizadas para encubrir actividades ilícitas, incluyendo empresas inmobiliarias, estaciones de combustible, restaurantes, constructoras, negocios de transporte, comunicaciones y fundaciones, entre otras.
Continuación del proceso
El proceso judicial continúa en fase de lectura de acusación, en un expediente considerado de alta complejidad por la cantidad de imputados, pruebas y estructuras empresariales involucradas.
El Ministerio Público estuvo representado por un equipo de fiscales de la Dirección de Persecución, quienes han reiterado que el caso se sustenta en evidencia sólida para demostrar la magnitud del entramado criminal.
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