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EL NUEVO DIARIO, EE. UU. .- Un tribunal de Estados Unidos ordenó a la República Dominicana el pago de US$44 millones al empresario Michael Lee-Chin, tras confirmar un laudo arbitral que responsabiliza al Estado por la expropiación del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.
Según una publicación del medio Bloomberg Línea, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly emitió un memorando el pasado 31 de marzo en el que acogió en su totalidad la recomendación de un magistrado, rechazando los intentos del Estado dominicano de anular la decisión arbitral y fallando a favor del inversionista.
La disputa se remonta a 2007, cuando autoridades municipales suscribieron un contrato con la empresa Lajun Corp. SRL para la administración del vertedero de Duquesa, ubicado en Santo Domingo Norte. Años más tarde, en 2013, Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc., adquirió de forma indirecta el 90 % de la compañía, así como parte de los terrenos donde opera el relleno sanitario.
Sin embargo, la relación entre las partes se deterioró y en 2017 el Gobierno dominicano decidió rescindir el contrato, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales. Además, inició procesos para anular el acuerdo y asumió el control total de las instalaciones.
El empresario consideró la medida como una expropiación ilegal y en 2018 sometió una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial, amparándose en el tratado comercial entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Inicialmente, la reclamación superaba los US$300 millones.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a favor de Lee-Chin al concluir que la terminación del contrato constituyó una expropiación y violó principios de trato justo y equitativo. Como resultado, ordenó al Estado dominicano pagar US$38.7 millones por la expropiación y US$4.8 millones por el trato inequitativo, además de intereses y costos legales.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el Gobierno dominicano llevó el caso ante un tribunal federal en Washington D. C., argumentando que no existía un acuerdo válido para someter la disputa a arbitraje y solicitando la anulación del laudo bajo la Ley Federal de Arbitraje.
No obstante, la jueza Kollar-Kotelly desestimó estos planteamientos y reafirmó la validez del proceso arbitral, destacando la política federal de respaldo a este tipo de mecanismos en disputas internacionales. El fallo también indica que el Estado no logró demostrar irregularidades en la actuación de los árbitros ni en los cálculos financieros establecidos.
Con esta decisión, se reducen las posibilidades de nuevas apelaciones en instancias inferiores, lo que deja a la República Dominicana ante la obligación de cumplir con el pago ordenado.
Desde la parte demandante, el abogado Richard C. Lorenzo, del bufete Hogan Lovells, expresó que su cliente está satisfecho con el resultado y confía en que el Estado dominicano honre el laudo en el menor tiempo posible. Mientras tanto, la defensa del país ha estado a cargo de representantes de la firma Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.
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