Cortex AI Analítica
"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- Organizaciones de derechos humanos se manifestaron este miércoles para mostrar su rechazo a la posibilidad de que el presidente de Chile, José Antonio Kast , indulte a agentes condenados por crímenes en el estallido social de 2019.
Al grito de "¡Justicia, verdad y ningún paso atrás!", representantes de distintas asociaciones, familiares y víctimas de las protestas se congregaron frente a La Moneda (sede del Gobierno chileno) y entregaron una carta dirigida al mandatario.
"La justicia dictó y sentenció, las condenas están para cumplirse. Un Estado que indulta a estos criminales atroces es un Estado que abandona a sus víctimas y se hiere a sí mismo", manifestó la senadora independiente de izquierdas Fabiola Campillai, una reconocida víctima de la represión policial en las manifestaciones de aquel año.
Un día después de asumir el cargo el pasado 11 de marzo, Kast aseguró en una entrevista que estaba estudiando la posibilidad de indultar a militares y policías condenados por la represión del estallido, considerado la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre los agentes condenados se encuentra el excapitán del cuerpo policial de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una pena de 12 años de cárcel por disparar una bomba lacrimógena a la propia Campillai y dejarla ciega cuando se dirigía a su trabajo en una fábrica.
Las protestas del 2019
El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos recientes de la Fiscalía.
La Cámara de Diputados aprobó hoy un polémico proyecto de resolución impulsado por la UDI -uno de los partidos de la derecha tradicional que forma parte del Gobierno de Kast- que respalda la actuación de Carabineros durante el estallido.
Kast también se ha mostrado a favor de un proyecto de ley que discute el Parlamento que permitiría a los militares presos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que tengan enfermedades terminales o sean mayores de 80 años cumplir sus penas fuera de la cárcel.
"Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de 'mano dura' contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia", indicó por su parte Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
