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- A casi cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico , víctimas acusan que el caso continúa sin esclarecerse plenamente y ha dejado al descubierto no nada más fallas técnicas, más bien una deuda en materia de justicia , transparencia y atención.
A casi cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico, víctimas acusan que el caso continúa sin esclarecerse plenamente y ha dejado al descubierto no nada más fallas técnicas, más bien una deuda en materia de justicia, transparencia y atención. Para especialistas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y sobrevivientes, el reto no es únicamente técnico, sino ético: Evitar que un hecho semejante ocurra de nuevo.
La ponencia “Descarrilamiento del Tren Interoceánico: Una mirada interdisciplinaria desde la Ingeniería Civil”, celebrada en la Universidad Iberoamericana, evidenció que el análisis interdisciplinario es clave para dimensionar la magnitud del complejidad, pero también que persiste la exigencia de respuestas claras por parte de las autoridades.
“La investigación es para las víctimas, para que no vuelva a pasar”, afirmó Yoalli Romero, sobreviviente del accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025.
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“Seguimos teniendo muchas más preguntas e indignación que respuestas”, aseguró durante su participación en la ponencia, donde se reabrió la discusión acerca de las condiciones de operación de dicho proyecto ferroviario.
Su testimonio no sólo reconstruyó los hechos, más bien evidenció la vulnerabilidad de las personas usuarias ante posibles fallas estructurales. Contó la incertidumbre, el caos y la falta de auxilio inmediato tras el accidente.
El tren, manifestó, viajaba completamente lleno, con personas de diversas edades y trayectos. Luego del impacto, algunos vagones quedaron suspendidos en una zona aislada, sin acceso inmediato a servicios de emergencia. “No había nada alrededor”, describió, aludiendo a la dificultad para recibir ayuda o evacuar.
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También señaló la desorganización posterior y la falta de información clara por parte de las autoridades, lo que, afirmó, dejó más dudas que certezas entre las víctimas.
Desde el ámbito técnico, Manuel del Moral Dávila, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, y Agustín Ortega, coordinador de la Maestría en Ingeniería con Especialidad en Administración de la Construcción de esta institución educativa, advirtieron que el descarrilamiento no puede entenderse como un hecho aislado.
Explicaron que el tren operaba con vagones de diferentes procedencias, antigüedad y normativas, lo que genera comportamientos dinámicos desiguales. A ello se suma una infraestructura ferroviaria con rezagos históricos, ya que en algunos tramos las vías fueron diseñadas hace más de un siglo.
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La combinación de material rodante heterogéneo y vías obsoletas, señalaron, incrementa el riesgo de accidentes.
Desde la perspectiva jurídica, Jaime Calderón y Renato Sales, académicos del Departamento de Derecho, junto con Jaqueline Saénz, integrante de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la IBERO, destacaron la complejidad institucional en torno al proyecto.
Indicaron que múltiples instancias participan en su operación, supervisión y regulación, lo que dificulta la asignación de responsabilidades en casos como este.
Además, subrayaron la falta de acceso a información para las víctimas, así como la ausencia de peritajes públicos claros y oportunos.
El caso, coincidieron, pone sobre la mesa la necesidad de garantizar derechos básicos como la seguridad, el acceso a la información y la reparación del daño para las personas afectadas.
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