Un país que se inunda

El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

En la República Dominicana ya no hace falta un fenómeno extraordinario para que el país se detenga, basta con que llueva. Y cuando llueve, lo que aflora no es solo el agua acumulada en calles y avenidas, es el reflejo de un Estado ausente, de una gestión pública deficiente y de una preocupante falta de gobierno en lo más básico.

El Gran Santo Domingo se ha convertido en el escenario recurrente de un colapso anunciado. Calles convertidas en ríos, comercio paralizado, comunidades cubiertas de agua, vehículos atrapados y ciudadanos expuestos a pérdidas materiales y riesgos innecesarios.

El sistema de drenaje pluvial está visiblemente deteriorado. Filtrantes obstruidos, imbornales colapsados y cañadas sin mantenimiento evidencian años de abandono. Sin embargo, las instituciones responsables parecen moverse sin coordinación ni sentido de urgencia.

Gobernar no es aparecer después de la crisis; gobernar es anticiparse a ella. Y eso es precisamente lo que no está ocurriendo, ni a nivel nacional, ni municipal. La prevención ha sido sustituida por la improvisación, y la planificación por la reacción mediática.

Todo esto responde, en gran medida, a la falta de mantenimiento sostenido, a la ausencia de planificación y a un descuido institucional que se ha vuelto reiterativo.

Fueron acciones que, aunque no resolvieron el complejidad de fondo, sí contribuyeron a aliviar sus efectos en determinados momentos.

Sin embargo, ese tipo de intervenciones no tuvo continuidad como política pública sostenida. Con el cambio de administración, y la llegada al poder del PRM, se ha evidenciado una ruptura en ese ritmo de mantenimiento preventivo, sin que hasta la fecha se haya consolidado un plan integral, visible y constante que garantice la limpieza, ampliación y modernización del sistema de drenaje pluvial.

Pero incluso, más allá de eso, lo que resulta más preocupante es la falta de acción decidida desde las alcaldías, que son las primeras llamadas a intervenir en este tipo de situaciones cotidianas.

Durante años, se ha privilegiado la inversión en obras visibles, muchas veces con alto rendimiento político, mientras se descuida la infraestructura esencial que no se ve, pero que sostiene la vida urbana. El drenaje pluvial no corta cintas ni genera titulares positivos, pero su abandono sí genera caos, pérdidas y descrédito institucional.

A este panorama se suma el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de espacios vulnerables y la ausencia de una política coherente de ordenamiento territorial. Se construye sin criterios técnicos, sin respetar el curso natural del agua, y luego se pretende resolver el complejidad con soluciones improvisadas que no atacan la raíz.

Es cierto que existe también una responsabilidad ciudadana en la disposición inadecuada de los residuos sólidos, que terminan obstruyendo los sistemas de drenaje. Pero este factor, aunque relevante, no puede seguir siendo utilizado como excusa para justificar la ineficiencia estatal, especialmente cuando las autoridades locales tienen la competencia directa sobre la limpieza urbana.

Lo que ocurre cada vez que llueve en el país no es una sorpresa, es una constante. Y como toda constante, deja de ser un accidente para convertirse en evidencia. Evidencia de que no se está gobernando con la seriedad, la planificación ni la responsabilidad que la realidad exige, tanto desde el poder central como, de manera muy particular, desde el nivel municipal.

Un país no se inunda solo por la lluvia. Se inunda cuando fallan sus instituciones en todos sus niveles, cuando se posterga el mantenimiento, cuando se ignora la planificación y cuando quienes tienen la responsabilidad más inmediata —las autoridades locales— no cumplen con su deber.

Mientras eso no cambie, cada aguacero seguirá siendo más que un fenómeno natural, una desgracia nacional.

jpm-am

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