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- Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota el régimen no ha ofrecido cifras ni versión oficial sobre la magnitud de lo ocurrido.
El activista y ex preso político Carlos Azuaje denunció este martes que los hechos ocurridos en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, constituyen una «masacre» que el régimen de Delcy Rodríguez mantiene oculta.
«Lo ocurrido en Yare es una verdadera masacre. El gobierno lo tiene oculto, lo digo con total responsabilidad. Nueve muertos y 260 heridos en este momento, pues debido a que no le permiten a los familiares ingresar a la cárcel, los presos están sin alimentos», afirmó Azuaje en un video publicado en sus redes sociales.
El activista exigió que las autoridades informen con transparencia sobre lo ocurrido. «Es deber del ministro penitenciario, Julio García Serpa, informarle al país, igual que Delcy Rodríguez, sobre lo ocurrido en Yare. Hoy van a ser trasladados algunos presos para disimular la situación, pero es sustancial que le informen al país lo sucedido y por qué ocurrieron los enfrentamientos entre organismos de seguridad y presos», alertó.
Visitas suspendidas e investigación
Las denuncias de Azuaje se producen un día después de que las autoridades de Yare III suspendieran sin previo aviso las visitas familiares del lunes 20 de abril, en medio de rumores de un presunto motín ocurrido en horas de la madrugada.
Familiares que se congregaron a las afueras del penal reportaron haber visto unidades y ambulancias ingresar al recinto sin recibir ninguna información oficial. «Se dice que todo empezó en el módulo II y el módulo IV», relataron parientes al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El Ministerio Público confirmó el mismo lunes que inició una investigación formal sobre los hechos y designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota el régimen no ha ofrecido cifras ni versión oficial sobre la magnitud de lo ocurrido.
El OVP había advertido que la suspensión de visitas sin causa justificada y la ausencia de información constituyen una violación a los estándares internacionales de derechos humanos, y que «esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad».
