Minería ilegal en el Perú: el desafío pendiente que heredará el próximo gobierno

Laminería ilegales uno de los problemas más graves que enfrenta el Perú. Solo en2025 movilizó más de11,500 millones de dólares, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)la identifica como una de las principales fuentes de lavado de activos.

A ello se sumasu impacto ambiental, social y en la seguridad ciudadana. En ese contexto, y a una semana de laselecciones 2026, el tratamiento de laminería ilegalen el debate político cobra especial relevancia.

“Es una actividad altamente atractiva para la política y para quienes buscan ostentar el poder”, advirtióCésar Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal, en diálogo con RPP.

Propuestas políticas insuficientes

El últimoinformedelObservatorio de Minería Ilegal (OMI)revelaun panorama preocupante:solo una minoría de partidos(33%)presenta propuestas concretas para enfrentar este complejidad, mientras que otros se limitan a menciones generales o no lo abordan.Para Ipenza, esta situación evidencia una falta de comprensión del complejidad, donde múltiples partidospolíticosno entienden lo que representa la minería ilegal,que eshoy una de las principales economías ilícitas del país.

Además, advirtió que detrás de esta omisión también puede haber intereses políticos:“Buscan congraciarse con sectores vinculados a la minería ilegal, lo que resulta aún más grave”, resaltó.

¿Qué dicen los planes de gobierno?

El análisis titulado“La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026-2031", muestraque algunos partidos no incluyen propuestas relacionadas con la formalización minera ni con el REINFO. Entre ellos figuranCooperación Popular, liderado porYonhyLescano;Obras, de Ricardo Belmont; yPaís para Todos, de Carlos Álvarez, cuyos planesno plantean medidas en esta materia.

En otros casos, las propuestas son limitadas o generales. Por ejemplo,Perú Librepresenta menciones genéricas sobre minería ilegal, mientras queRenovación Popularsolo incluye una referencia en su plan resumido, donde plantea la compra de oro a mineros formalizados, sin desarrollar medidas en su plan de gobierno completo.

ParaManuel Zapata,subdirector de la Fundaciónparala Conservacióny Desarrollo Sostenible(FCDS Perú), la falta de propuestas reflejauna ausencia de responsabilidad frente a una problemática crítica.

“Hay un círculo criminal que se alimenta producto de los réditos de la minería ilegal. Existe una afectación a la salud pública, a los ecosistemas, a los ríos y a la economía, tanto a nivel local como nacional. A nivel local se generan microeconomías basadas en la ilegalidad,y a nivel macrose crean flujos ilícitos que se recirculan y terminan financiando el narcotráfico, las armas y grupos armados”,indicó a RPP.

Asimismo, Zapata advirtió que la minería ilegal no es solo un complejidad de seguridad ciudadana urbana, sino tambiénimpactaa la soberanía territorial, y señaló que en Iquitos se han encontrado banderas de otros países.

En esa línea, los efectos en la salud de la población ya comienzan a evidenciarse en las zonas más impactadas por esta actividad. De acuerdo con el estudio“Exposición al mercurio en comunidades indígenas de la cuenca del Nanay (Loreto, Perú)”, elaborado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), se evaluó la exposición a mercurio en 284 peces (análisis de músculo) y 273 personas (análisis de cabello) en seis comunidades ribereñas:Mishanay Anguilla (bajo Nanay); Santa María de Nanay y Diamante Azul (alto Nanay); y San Juan de Raya y San Antonio, en el ríoPintuyacu.

Los resultados evidencian una exposición generalizada en la población. Comoseñala el informe: “En todos los grupos etarios evaluados, las concentraciones de mercurio encabello fueron superiores al umbral de referencia de la OMS de 2.2 mg/kg en la mayoría de los individuos, evidenciando una situación de exposición generalizada en la población.Esta situación es particularmente preocupante en los grupos más vulnerables, donde 45% de los niños y 37% de mujeres en edad reproductiva presentaron concentraciones asociadas a un riesgo alto para la salud”.Puedes revisar el estudio completo aquí.

En ese sentido,el especialistaadvierte que, aunquelasincidenciasse sienten con mayor intensidad en zonas amazónicas, sus consecuencias alcanzan a todo el país y requieren mayor conciencia desde la clase política: “Esto es un complejidad que termina afectando a todo el Perú. En Lima no sentiremosdirectamente los efectos del mercurioproducto de la minería ilegal, pero sí los de la inseguridad generada por los grupos criminales que se financian con estos recursos”.

¿Qué debería hacer el próximo gobierno?

Frente a este escenario, especialistas coinciden en lanecesidad de medidas integrales. El informe propone, entre otros puntos, diferenciar claramente a la pequeña minería y minería artesanal de lasoperaciones de mayor escala, fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas en los procesos de formalización, impulsar el uso de tecnologías limpias para reducir el uso de mercurio y establecer sistemas de control más estrictos sobre la producción y comercialización de oro. Puedes leer el informe completoaquí.

En esa línea, César Ipenza señala que el próximo gobierno debe priorizar uncontrol efectivo de las plantas de beneficio, donde se procesa el oro de origen ilegal, así comoimplementar un sistema de interoperabilidad real entre las instituciones del Estadoque permita articular la información y mejorar la fiscalización. Asimismo, advierte que el control del flujo de insumos —como explosivos, mercurio, cianuro y combustibles— será clave para frenar el avance de laminería ilegal, ya que sin estos no es posible sostener estaactividad.

A pocos días deque los ciudadanos emitan su voto, el avance de la minería ilegal y la falta de propuestas concretas en los planes de gobierno evidencian que este será uno de los principales retos del próximo gobierno. No solo por su impacto ambiental, sino también por sus implicancias económicas, sociales y en la seguridad del país. Por ello, elvoto informado será clave para enfrentar este desafío.