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- Uno de estos fue el abogado Luis Aybar Duvergé, quien fue apoderado por Gregory Adames : el testigo clave que utilizó el órgano persecutor para fundamentar sus pruebas contra los propietarios del Jet Set .
Ese espacio en el cual precisamente hace 365 días se encontraban disfrutando 236 personas que de manera repentina fueron aplastadas por el desplome de la infraestructura que tenía una altura cercana a tres pisos.
La catástrofe provocó que algunos murieran tan solo en cuestión de minutos, mientras que alrededor de 180 personas recibieron heridas que, en algunos casos, causaron cicatrices que en ningún escenario desaparecerán.
El proceso judicial en el cual los propietarios del Jet Set, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, son acusados por supuestamente haber ignorado las señales que advertían la posibilidad del desplome de la edificación, es la principal causa de que la sociedad aún mantenga vivos los recuerdos de aquel fatídico día.
A pesar de que han transcurrido exactamente 12 meses, este caso conocido por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aún se encuentra en la fase preliminar, en la cual el Ministerio Público (MP) recién terminó el pasado lunes de presentar su acusación de manera resumida.
Tras las múltiples audiencias en las cuales han participado los representantes legales de los familiares de las víctimas y los hermanos Espaillat, el juzgado aún no ha podido ingresar a la etapa final en la cual se determinará la inocencia o culpabilidad: el juicio de fondo.
Mientras tanto, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat dicen estar convencidos de que son inocentes ante quienes los señalan de haber estado conscientes de que el deterioro causaría el derrumbe de la edificación.
¿Un homicidio voluntario?
No obstante, los magistrados del órgano persecutor consideran que ambos deben ser condenados por homicidio, heridas y golpes causados de manera involuntaria, delitos tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
De acuerdo con el MP, los integrantes de la familia propietaria de la antigua discoteca se comportaron con negligencia, inadvertencia, imprudencia e inobservancia de los reglamentos al realizar modificaciones estructurales a la edificación sin solicitar a las autoridades las licencias correspondientes.
A esto se suman otras situaciones como el incremento del peso registrado en el techo sin realizar una evaluación previa, no haber suspendido el evento en el cual cantó el artista también fallecido Rubby Pérez, así como otros señalamientos.
Tres meses a dos años
El artículo 319 establece que quien por “torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años”, así como una multa económica.
En tanto, el artículo 320 dispone que, si la imprudencia o la falta de precaución han causado solo golpes o heridas, la prisión será de seis días a dos meses, aunado a una sanción monetaria.
Pero, el conjunto de leyes penales que aplica actualmente el Poder Judicial dominicano no contempla el cúmulo de penas; esto significa que los imputados solo pueden ser sentenciados por un delito y recibir una condena.
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, explicó que el juez, en su discrecionalidad, puede decidir la pena más alta si surgió alguna circunstancia agravante durante la comisión del hecho.
“Lo normal y lo lógico es que el juez opte por la pena más alta a partir de que haya circunstancias agravantes alrededor de la comisión del hecho”, expresó este miércoles al ser consultado por reporteros de este medio.
“Fue un homicidio voluntario”
Estos fueron específicamente los delitos en los cuales incurrieron los parientes Espaillat, según el Ministerio Público. Sin embargo, otros representantes legales colocaron en su querella señalamientos diferentes en contra de ellos.
Uno de estos fue el abogado Luis Aybar Duvergé, quien fue apoderado por Gregory Adames: el testigo clave que utilizó el órgano persecutor para fundamentar sus pruebas contra los propietarios del Jet Set.
Adames, quien también resultó herido junto a más de 100 afectados, era el encargado de reservar las mesas y coordinar la logística para los eventos celebrados en las instalaciones del centro de diversión nocturna.
Motivado por el conocimiento que tenía Adames sobre las “negligencias” y omisiones cometidas por los dueños del Jet Set, el jurista Aybar Duvergé alega que Antonio Espaillat debe ser juzgados por homicidio voluntario, contrario a lo presentado por el Ministerio Público.
Al ser entrevistado por periodistas del Listín Diario, Duvergé manifestó que las calificaciones jurídicas interpuestas por los fiscales son benévolas, a pesar de que existen pruebas suficientes para tipificar el caso como “homicidio voluntario”.
El artículo 295 versa que se hace reo de homicidio quien “voluntariamente mata a otro”. Para este hecho, el Código Penal contempla penas de tres a 20 años de reclusión mayor, enviando así al imputado considerado culpable hacia un recinto carcelario.
Las más de 300 acusaciones dispuestas por los familiares de las víctimas también demandan sumas millonarias de dinero como parte de la indemnización.
50 millones de pesos
Antonio y Maribel Espaillat fueron sometidos el pasado 19 de junio por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional al cumplimiento de una medida de coerción que contempla el pago de RD$ 50 millones, junto al impedimento de salida y presentación periódica.
Será el próximo 20 de abril cuando estos imputados y las partes acusadoras deberán acudir nuevamente a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde los querellantes presentarán sus conclusiones ante el juez Raymundo Mejía.
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