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"Análisis de relevancia para la actualidad."
- Justicia también anunció que instruyó a la Oficina de Prisiones para que examine "la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos" .
Las nuevas directivas buscan despejar "
el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación", informó el DOJ, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.Entre ellas se incluye "
la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación de dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, tales como el pelotón de fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte"."Estos pasos son fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes", agregó la Justicia en un comunicado.
Según el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, el Gobierno del expresidente Joe Biden "incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden".
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, Biden -opositor a la pena de muerte- conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
Blanche advirtió que en el contexto actual el Departamento de Justicia "vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas".
Justicia también anunció que instruyó a la Oficina de Prisiones para que examine "la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos".
En Estados Unidos la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones. En otros 23 estados y el Distrito Columbia ha sido abolida, según la ONG Death Penalty Information Center.
De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida.
Este año están programadas al menos 32 ejecuciones en ocho estados, de las que hasta el momento ya se han completado ocho.
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