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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- Pensar este momento desde esa clave permite salir de una narrativa de retroceso lineal y reconocer la complejidad de un proceso en disputa, donde cada conquista abre nuevas tensiones y donde el camino hacia la igualdad está lejos de ser un trayecto ordenado o irreversible.
Susana Reina/Latinoamérica21
El momento actual del feminismo en América Latina y en buena parte del mundo se caracteriza por una tensión cada vez más evidente entre avances normativos que reconocen derechos y un clima político que dificulta su implementación real. Esto refleja una especie de desajuste entre lo que se escribe en las leyes y lo que efectivamente ocurre en la vida cotidiana de las mujeres.
En los últimos años se han producido progresos jurídicos que, en otro contexto, podrían leerse como señales inequívocas de consolidación del movimiento feminista, como la recién anunciada intención del Estado mexicano de homologar el delito de feminicidio en todo el país con criterios claros y sanciones más severas. Se trata, sin duda, de una iniciativa que busca cerrar brechas históricas en la interpretación judicial de la violencia contra las mujeres y que refleja la presión sostenida de organizaciones feministas para que el sistema legal reconozca la especificidad de estos crímenes. En Colombia, la aprobación de la Ley 2447 de 2025, que prohíbe de manera absoluta el matrimonio infantil y las uniones tempranas, representa un avance significativo en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, al eliminar una excepción legal que, durante más de un siglo, permitió estas prácticas con autorización familiar, elevando de forma definitiva a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Esta ley cierra una puerta histórica a la normalización de relaciones profundamente desiguales, una conquista que fue posible tras múltiples intentos fallidos en el Congreso y gracias a la presión sostenida de organizaciones feministas, sociedad civil y liderazgos políticos comprometidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el 31 de marzo de 2026 una ley que amplía progresivamente la licencia por paternidad de 5 a 20 días para el año 2029. La medida incluye la creación del "salario-paternidad", financiado por la seguridad social para garantizar el sueldo completo y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado. Otro ejemplo es Panamá, donde el avance hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados como política pública está marcando un hito en la forma en que el Estado reconoce y redistribuye el trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y feminizado, al asumirlo como una responsabilidad colectiva y no como una carga individual de las mujeres. Es una transformación que no solo amplía derechos en el papel, sino que redefine las bases sobre las que se organiza la vida social y económica, y que se inscribe en una conversación regional más amplia que busca colocar el cuidado en el centro del desarrollo.
Todos estos avances se inscriben en una tendencia más amplia en la que los Estados, al menos en el plano formal, incorporan marcos legales más robustos para abordar la desigualdad de género. Sin embargo, estos logros conviven con un contexto político en la Región que parece moverse en
la dirección contraria, marcado por el fortalecimiento de discursos conservadores, la deslegitimación de agendas de igualdad y el cuestionamiento abierto a políticas públicas feministas, lo que genera un terreno hostil para que esos avances puedan traducirse en transformaciones concretas.
Igualdad sustantiva vs. igualdad formal En América Latina, las recientes movilizaciones del 8 de marzo estuvieron atravesadas por consignas que reflejan esta preocupación, con miles de mujeres denunciando no solo la persistencia de la violencia, sino también el retroceso en garantías institucionales y la falta de voluntad política para sostener lo conquistado.
Esta contradicción revela una verdad incómoda que atraviesa el presente feminista: el reconocimiento legal de derechos no asegura por sí mismo su vigencia, especialmente cuando el entorno político y cultural no acompaña ese reconocimiento. A escala global, la magnitud de la brecha resulta imposible de ignorar cuando se observa que las mujeres cuentan apenas con el 64% de los derechos legales reconocidos a los hombres, una cifra que no solo revela la persistencia de desigualdades estructurales, sino que también cuestiona la narrativa de progreso sostenido que a menudo acompaña los avances normativos, ya que incluso en aquellos contextos donde se celebran nuevas leyes o reformas, la base sobre la cual se construyen esos logros sigue siendo profundamente desigual.
Esto obliga a mirar más allá del entusiasmo institucional y reconocer que el complejidad no se limita a la ausencia de marcos legales en ciertos países, sino que atraviesa el sistema global en su conjunto, evidenciando que la igualdad jurídica plena sigue siendo una promesa lejana y que cualquier avance debe leerse de manera constante en relación con esa deuda estructural que continúa marcando la experiencia de millones de mujeres en el mundo.
Lo que está en juego entonces no es únicamente la aprobación de nuevas normativas, sino la posibilidad de sostenerlas en contextos donde crecen las resistencias, donde actores políticos construyen capital cuestionando la agenda de género y donde se reinstalan narrativas que buscan devolver a las mujeres a posiciones subordinadas bajo la apariencia de tradición, orden o estabilidad.
En ese escenario, el feminismo enfrenta un desafío complejo que implica defender lo conquistado al mismo tiempo que continuar impulsando cambios estructurales, una tarea que exige incidencia pública basada en demostrar capacidad de movilización social.
La tensión entre avance legal y retroceso político también pone en evidencia los límites de una estrategia centrada exclusivamente en la institucionalidad, ya que, si bien las leyes son herramientas fundamentales, su eficacia depende de condiciones más amplias que incluyen sistemas judiciales sensibles al género, políticas públicas sostenidas y, sobre todo, un entorno social que no tolere la violencia ni la discriminación. Cuando estos elementos fallan, las leyes
corren el riesgo de convertirse en declaraciones simbólicas que conviven con prácticas que las contradicen.
Lectura optimista
En este contexto, el feminismo contemporáneo se encuentra en una etapa que podría describirse como de consolidación conflictiva, en la que tan innegables son sus logros como la reacción que han generado. Lejos de interpretarse como un signo de debilidad, esta reacción puede leerse como evidencia de la capacidad transformadora del movimiento, ya que los avances que no incomodan difícilmente alteran las estructuras de poder.
La resistencia que hoy se observa en distintos países se da en respuesta a décadas de organización, denuncia y propuesta que han logrado instalar la igualdad de género como un tema ineludible en la agenda pública.
Pensar este momento desde esa clave permite salir de una narrativa de retroceso lineal y reconocer la complejidad de un proceso en disputa, donde cada conquista abre nuevas tensiones y donde el camino hacia la igualdad está lejos de ser un trayecto ordenado o irreversible.
El desafío, entonces, no consiste únicamente en seguir ampliando derechos en el papel, sino en construir las condiciones políticas, culturales e institucionales que permitan que esos derechos se encarnen en la vida de los hombres y las mujeres, incluso en escenarios adversos donde el poder intenta replegar lo que ya parecía ganado.
