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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- El informe —que incluye un capítulo especial sobre Nicaragua—, detalla que el cierre del espacio cívico es resultado de la “cancelación de miles de organizaciones sociales, la criminalización y la prohibición de facto de cualquier reunión pública”.
El informe —que incluye un capítulo especial sobre Nicaragua—, detalla que el cierre del espacio cívico es resultado de la “cancelación de miles de organizaciones sociales, la criminalización y la prohibición de facto de cualquier reunión pública”. El régimen ha cancelado más de 5600 organizaciones no gubernamentales, de un total de 7227 constituidas en 2018.
En el país, según el documento, se sigue criminalizando “toda forma de organización social, expresión pública o manifestación religiosa”, lo que ha sido posible por la “subordinación de todos los poderes al Ejecutivo, así como la instalación de un escenario donde los límites y contrapesos al ejercicio del poder son inexistentes.
El régimen intensificó la persecución contra comunidades religiosas y profundizó la criminalización de “autoridades indígenas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, integrantes de partidos políticos, exmilitares e incluso personas vinculadas al propio régimen o al partido oficial”.
“Desde 2018, el país se mantiene bajo un estado policial, caracterizado por el control, la vigilancia y la represión ejercida por el Ejecutivo a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, en contra de cualquier persona percibida como opositora, incluso más allá de sus fronteras”, señaló el organismo de derechos humanos.
La CIDH explicó que la situación de Nicaragua constituye una “violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa” previstos en la Carta Democrática Interamericana, por lo que decidieron dedicar nuevamente un capítulo en su informe anual.
Política de “persecución transnacional”
El informe de la CIDH también documenta prácticas de hostigamiento, amenazas y agresiones contra nicaragüenses en el exilio, lo que configura una “política de persecución transnacional incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos”.
La persecución transnacional tiene como objetivo “silenciar” a quienes son consideradas opositores al régimen, aun cuando se encuentran en el exilio.
Según el documento, el régimen también ha hecho uso indebido de mecanismos de cooperación internacional para “perseguir y silenciar a la disidencia más allá del territorio nacional”.
Los nicaragüenses en situación de movilidad humana, en particular personas defensoras de derechos humanos y opositores en el exilio, denuncian ser víctimas de persecución, hostigamiento, vigilancia, violencia y amenazas, hechos que atribuyen a “agentes o personas vinculadas al régimen”.
Desde 2018, según documentó la CIDH, al menos seis personas percibidas como opositoras fueron asesinadas como parte de esta “violencia transfronteriza”. La Comisión lamentó el asesinato del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en su domicilio en San José, Costa Rica.
Las solicitudes de extradición contra personas solicitantes de asilo, el “uso indebido” de alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol), el bloqueo para el acceso al sistema bancario de personas y organizaciones nicaragüenses en el exterior, también constituyen prácticas de represión transnacional.
Régimen “incompatible” con principios democráticos
Con la entrada en vigor, el 18 de febrero de 2025, de la Constitución “Chamuca”, que modificó al menos 100 artículos —subrayó la CIDH—, el régimen adoptó un “modelo de democracia directa” que centraliza el poder en la figura de la copresidencia y trajo como consecuencia:
- La asunción en el cargo de “copresidenta” a Murillo, “sin un proceso electoral”, y la extensión de facto del mandato de Ortega.
- La aprobación de una nueva Ley Electoral en línea con la Constitución.
- Subordinó el Poder Judicial al Ejecutivo, y en mayo de 2025, se aprobó una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial que eliminó de facto la carrera judicial.
- El Ministerio Público pasó al “control presidencial directo”.
- Estableció la policía voluntaria y las fuerzas de reserva patriótica integrada por civiles, es decir, “legaliza a las fuerzas de seguridad con afiliación política y los grupos parapoliciales”.
La CIDH reiteró su “preocupación por el alcance y propósito de las enmiendas constitucionales, cuyo efecto es perpetuar la concentración absoluta del poder en la familia Ortega-Murillo y neutralizar toda posibilidad de restablecimiento del orden democrático”.
En Nicaragua, señalan que persiste la “prohibición de facto” de cualquier reunión pública, incluyendo las manifestaciones religiosas. Desde 2018, según el informe, a más de 300 sacerdotes, monjas y personas religiosas de la iglesia Católica se les obligó abandonar su labor pastoral en Nicaragua.
Estas acciones, expone el documento, evidencian la “persistencia de una política represiva para criminalizar las expresiones religiosas y controlar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua”.
Siguen con detenciones arbitrarias
El organismo recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “Nicaragua ha entrado en una nueva y preocupante fase de erosión del estado de derecho, profundizando aún más las tendencias previas de concentración de poder” del régimen.
Durante 2025, el organismo obtuvo información sobre “patrones de represión, consistentes en el ocultamiento o la desaparición forzada” de las personas detenidas arbitrariamente.
El hecho que las familias de las personas presas políticas recorran múltiples centros de detención en busca de información, se considera “un acto deliberado de desgaste psicológico” y “una de las expresiones más crueles de la represión en Nicaragua”.
En una entrevista en el programaEsta Semanaque se transmite en elcanal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, la relatora para Nicaragua de la CIDH, Rosa María Payá, explicó que “Nicaragua es en estos momentos uno de los casos más críticos de derechos humanos en la región”.
“La crisis de derechos humanos ha continuado de manera sostenida por más de ocho años, desde la Comisión vemos con preocupación cómo el Estado continúa manteniendo prisioneros políticos, continúaviolando derechos fundamentales de los nicaragüenses, involucrándose incluso en episodios de represión transnacional”, reiteró Payá.
La CIDH constató que persiste un patrón sostenido de hostigamiento por parte de actores estatales contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación independientes, que incluye “detenciones y allanamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados y la privación arbitraria de la nacionalidad”.
Instan a superar “crisis” de derechos humanos
Ante esta situación, llamaron al Estado nicaragüense a adoptar las medidas necesarias para la “superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión”. El organismo, entre otras cosas, también recomendó:
- Poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde 2018.
- Anular “políticas y prácticas estatales que generan desplazamiento forzado, destierro y apatridia”.
- Liberar a todas las personas presas políticas.
- Restablecer la nacionalidad a todas las personas que se les retiró.
- Crear procesos que promuevan la “verdad, la justicia y la reparación a las víctimas”.
- Cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
- Devolver las instalaciones y bienes confiscados.
- Cesar la persecución contra la iglesia Católica.
En países a los que la CIDH no tiene acceso, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, el organismo de derechos humanos obtiene actualizaciones de la situación a partir de información brindada por la sociedad civil.
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