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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- " Dicha información se transmitirá lo más pronto posible y, a más tardar, cuando haya pasado a ser accesible al público" , precisa el texto.
"Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la información sobre las medidas que se propongan adoptar o que hayan adoptado recientemente en materia de asilo e inmigración, cuando esas medidas sean accesibles al público y puedan tener un impacto significativo en varios Estados miembros o en el conjunto de la Unión Europea", dice la norma.
"Dicha información se transmitirá lo más pronto posible y, a más tardar, cuando haya pasado a ser accesible al público", precisa el texto.
Aunque el decreto de regularización fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero -y llegó a debatirse en el Pleno del Parlamento Europeo el 10 de febrero a petición del Partido Popular-, el Gobierno de Sánchez continúa sin remitir toda la información al Ejecutivo comunitario, según ha confirmado el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.
"La Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre el proyecto de medida para regularizar a los nacionales de terceros países en situación irregular, que se anunció el 27 de enero de 2026", señala Brunner en respuesta escrita a una interpelación parlamentaria del PP a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El Ejecutivo comunitario ha evitado responder a las preguntas de este periódico sobre si ha solicitado información al Gobierno de Sánchez o si contempla adoptar medidas ante un eventual incumplimiento de la normativa europea.
Tampoco el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado las razones de la falta de comunicación ni si prevé trasladar los detalles del plan a Bruselas en una fase posterior.
En su respuesta escrita, el comisario de Migración insiste en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes acogidos a la regularización masiva que traten de desplazarse a otros Estados miembros, que tendrán que ser devueltos a nuestro país.
"Un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse", avisa Brunner.
"Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia".
"Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente", explica el comisario austriaco.
En el debate en la Eurocámara del 10 de febrero, eurodiputados de los partidos de Gobierno de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría cargaron contra la regularización masiva de Sánchez.
La amnistía migratoria, advirtieron, "socava nuestros esfuerzos comunes por reforzar las fronteras y combatir la migración ilegal".
Se trata de una medida "unilateral" que "ignora la seguridad de los ciudadanos europeos" y "pone a Europa en riesgo", ya que los migrantes podrán moverse por todo el espacio Schengen. "No tiene que ver con la solidaridad; es una estrategia política para mantenerse en el poder", denuncian los eurodiputados críticos.
Por su parte, el comisario Brunner, que al principio se lavó las manos alegando falta de competencias, endureció el tono: como regla general, los migrantes irregulares deben abandonar la UE. "Sin esto, nuestras políticas no son creíbles", enfatizó.
Sánchez deberá asegurarse de que su regularización "no tenga consecuencias negativas en otras partes de la UE" y de que los beneficiarios no usen su permiso de residencia como “cheque en blanco”, manifestó en Estrasburgo.
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