Hablar de feminismo hoy en Venezuela implica desplazarse del terreno habitual de las leyes y los grandes debates institucionales hacia un espacio mucho más crudo y cotidiano, donde la discusión no gira en torno a nuevos derechos conquistados sino a la posibilidad real de ejercer incluso los más básicos.
Es el costo de vivir en un contexto marcado por la precariedad, la incertidumbre y una progresiva retirada del Estado de sus funciones más esenciales, lo que ha terminado por trasladar a los hogares, y en particular a las mujeres, la responsabilidad de sostener la vida en condiciones cada vez más exigentes.
La crisis política, social y económica prolongada, no solo ha deteriorado los ingresos y las oportunidades laborales, sino que ha reconfigurado profundamente la organización social del cuidado, convirtiendo lo que antes podía distribuirse entre instituciones, servicios públicos y redes familiares en una carga concentrada que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Ellas asumen el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y al mismo tiempo deben generar ingresos en un mercado laboral marcado por la informalidad, la inestabilidad y los bajos salarios, configurando así una doble y a menudo triple jornada que se vuelve invisible precisamente porque se ha normalizado como parte de lo que se espera de ellas.
Este cuadro se agrava en un país atravesado por la migración, donde la salida de millones de personas ha dejado a muchas mujeres como jefas de hogar en solitario, responsables de hijos, personas mayores o familiares enfermos. Además, los servicios de salud, educación y cuidado funcionan de manera intermitente o insuficiente, lo que obliga a resolver en lo privado lo que debería ser garantizado en lo público, profundizando así una desigualdad estructural que no aparece en las estadísticas, pero que describe la experiencia cotidiana de sobrevivir.
¿Qué significa realmente garantizar derechos en contextos de crisis prolongada?
Los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2025) muestran que los hogares encabezados por mujeres presentan mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, una tendencia que no puede entenderse únicamente desde la dimensión económica, sino que debe leerse también como el resultado de una distribución desigual del tiempo, de las responsabilidades y de las oportunidades. Es un hecho que las mujeres disponen de menos recursos no solo materiales sino también simbólicos para enfrentar la crisis mientras sostienen redes familiares y comunitarias que funcionan como amortiguadores de un sistema que ha dejado de responder.
En este escenario, el trabajo de cuidado adquiere una centralidad que rara vez es reconocida en el discurso político, a pesar de ser el elemento que permite que la vida continúe en medio de la adversidad. Garantizar agua cuando falla el suministro hasta acompañar procesos educativos interrumpidos o atender emergencias de salud sin respaldo institucional, son tareas que demandan tiempo y energía, que implican un desgaste emocional constante que permanece fuera del radar de las políticas públicas.
Esta realidad es un problema político de primer orden que exige ser nombrado, discutido y transformado. Lo que ocurre hoy en Venezuela obliga a repensar el sentido mismo de los derechos cuando las condiciones materiales para ejercerlos están ausentes y a reconocer que la igualdad no puede medirse únicamente en términos formales cuando la vida cotidiana está atravesada por obstáculos que la limitan de manera concreta.
Retos para las organizaciones feministas
Frente a esta realidad, el feminismo venezolano enfrenta el desafío de nombrar lo que muchas veces queda invisibilizado bajo la narrativa de la crisis general, señalando que no todas las personas la viven de la misma manera y que las mujeres están cargando con un peso desproporcionado en la sostenibilidad de la vida. Estas tareas deberían depender de la existencia de condiciones colectivas que hagan posible la vida sin que implique sacrificios permanentes y no solamente de la capacidad individual de resistir.
A esto se suma lo que han documentado recientemente organizaciones de derechos humanos sobre la situación de las defensoras en el país, quienes no solo enfrentan riesgos por su labor, sino que también viven las mismas condiciones de precariedad que intentan denunciar con falta de recursos, inestabilidad económica y ausencia de garantías institucionales.
Esta situación termina configurando una doble vulnerabilidad que impacta tanto su seguridad como su capacidad de sostener su trabajo, tal como advierten informes que señalan que las defensoras en Venezuela operan bajo amenazas constantes, vigilancia, estigmatización pública y limitaciones materiales que dificultan su labor y su propia subsistencia.
Nombrar esta realidad más allá de ser un ejercicio descriptivo, es una forma de señalar lo que se considera urgente, porque mientras la vida siga sosteniéndose a costa del desgaste silencioso de las mujeres, la crisis seguirá siendo leída como un problema abstracto y no como una experiencia concreta atravesada por desigualdades. Reconocerlo es el primer paso para dejar de naturalizar que sobrevivir dependa, casi siempre, de ellas.
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