Cortex AI Analítica
"Afecta el poder adquisitivo y la estabilidad financiera."
- Señaló que en ningún escenario se conformó el Comité de Evaluación de Postulaciones con representantes de diversos sectores de la sociedad, como exigen las normas, sino que quedó reducido a un órgano integrado solo por diputados.
El programa Efecto Paz #21, transmitido la noche de este jueves 9 de abril, analizó de forma detallada y crítica las designaciones de Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general de la República y de Eglée González Lobato como defensora del pueblo.
Los moderadores del espacio, Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, tuvieron como invitados a los abogados Ali Daniels, de Acceso a la Justicia, y Clara Ramírez, de la Red de Derechos Humanos en Acción.
Los panelistas coincidieron en que los nombramientos no cumplen con los requisitos constitucionales de idoneidad, independencia y competencia manifiesta en derechos humanos. Los calificaron como una continuidad del control político sobre las instituciones del Poder Ciudadano.
Daniels explicó que el proceso violó desde el primer minuto el artículo 279 de la Constitución. Señaló que en ningún escenario se conformó el Comité de Evaluación de Postulaciones con representantes de diversos sectores de la sociedad, como exigen las normas, sino que quedó reducido a un órgano integrado solo por diputados.
“El proceso en ningún escenario fue público. No hubo entrevistas públicas, no se publicaron los baremos de evaluación, no se conocieron los lapsos para impugnar y tampoco se presentó una terna para cada cargo”, denunció Daniels.
Daniels describió a Devoe Márquez como “un funcionario de absoluta confianza” de Delcy Rodríguez y un operador político que ha dedicado su carrera a negar o minimizar violaciones de derechos humanos ante la CIDH y la ONU.
Sobre González Lobato, cuestionó que no demuestre “competencia manifiesta y comprobada” en derechos humanos.
Clara Ramírez, por su parte, reconoció que las expectativas son moderadas porque el proceso estuvo viciado. Sin embargo, insistió en que las organizaciones y las víctimas deben seguir activando las instituciones.
“Hay que seguir denunciando, porque en algún momento tendremos que sentarnos con el Estado y mostrarle lo documentado”, afirmó.
Propuso señales concretas que podrían generar credibilidad: “Que el nuevo fiscal convoque una conferencia de prensa y anuncie que cualquier funcionario de seguridad que pida el teléfono a un ciudadano será imputado. Eso sería un buen comienzo”.
También sugirió que investigue de inmediato la agresión sufrida ese mismo día contra el defensor Marino Alvarado y que anuncie colaboración plena con la Corte Penal Internacional.
Los panelistas concluyeron que, sin acciones concretas e inmediatas que demuestren independencia, será muy difícil que las víctimas y la ciudadanía recuperen confianza en estas instituciones.
Galería de Imágenes
