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- “Su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder”, afirmó Murillo, y concluyó que Devoe “no representa el perfil” que Venezuela necesita desde la perspectiva de derechos humanos.
Prensa AN
La Asamblea Nacional designó este jueves 9 de abril a Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general de la República y a Eglée González Lobato como defensora del pueblo, para un período de siete años.
Devoe Márquez, quien ocupó el cargo de fiscal encargado desde febrero tras la renuncia de Tarek William Saab, recibió el respaldo de la mayoría oficialista. González Lobato sustituyó a Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo.
Organizaciones no gubernamentales expresaron duras críticas contra ambos nombramientos y los calificaron como una continuidad del control chavista sobre las instituciones clave del Poder Ciudadano.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), a través de su coordinadora general Martha Tineo, consideró que las designaciones “terminan de desdibujar la frontera entre el poder político y la Justicia en Venezuela”. La organización subrayó que “no se buscaron perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”.
Agregó que resulta “muy difícil que las víctimas sientan confianza” porque Devoe defendió al régimen en audiencias de la ONU y la CIDH, donde matizó o negó denuncias graves como la existencia de presos políticos. “Esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”, sentenció la JEP.
#ATENCIÓN La designación de Larry Devoe como Fiscal General y de Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela. Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 9, 2026
La ONG Provea indicó, por intermedio de su coordinador general Oscar Murillo, que Devoe Márquez constituye “un funcionario de absoluta confianza” de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Murillo lo describió como un “funcionario multicargos” y denunció sus “actitudes despectivas” frente a las organizaciones que documentan abusos estatales.
“Su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder”, afirmó Murillo, y concluyó que Devoe “no representa el perfil” que Venezuela necesita desde la perspectiva de derechos humanos.
La ONG Mundo Sin Mordaza difundió un comunicado oficial en el que denunció que los nombramientos representan “la consolidación de la captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela”.
La organización advirtió que, bajo el pretexto de una supuesta “normalidad institucional”, el oficialismo designó figuras que “no garantizan la autonomía frente al poder”. En concreto, señaló que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”, mientras que el perfil de González Lobato “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en materia de derechos humanos”.
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) alertó que estas designaciones no constituyen una “renovación institucional, sino una rotación de poder”. La entidad criticó que quien ejerció funciones de persecución penal pase en el contexto actual a ser garante de derechos ciudadanos, lo que “compromete la confianza pública” e “indaga la independencia institucional”.
Asimismo, la organización Acceso a la Justicia exigió mayor transparencia en el proceso de selección y lamentó que no se escucharon las voces de la sociedad civil ni de los sectores académicos que reclamaron perfiles independientes. Dirigentes de la oposición también rechazaron las designaciones.
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