Parlamento sanciona Ley Orgánica de Minas por unanimidad

Finalmente la Asamblea Nacional dio por concluida la segunda discusión de la Ley Orgánica de Minas, que tomó exactamente un mes, para declarar sancionada la normativa que deroga el decreto emitido por el entonces presidente Hugo Chávez en 1999.

El articulado restante del 115 al 131 se refiere al régimen sancionatorio del instrumento legal que fue presentado por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez a la AN, tras la visita al país del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (4 de marzo), para sellar acuerdos de cooperación en materia minera.

La nueva ley establece multas para quienes incurran en retardo u omisión en la presentación de los informes de la actividad minera al organismo competente (500 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, vigente); por falta de notificación de minerales diferentes a los autorizados (1.000 veces el tipo de cambio oficial); por transporte sin la guia (1.000 veces) y por la falta de inscripción en el registro minero (500 veces el tipo de cambio).

Asimismo será multado quien no colabore, obstaculice o manipule las fiscalizaciones (5.000 veces el tipo de cambio oficial); quien use sustancias que degraden y perturben al ambiente (1.000 a 100.000 veces); quien incurra en invasión de concesión ajena (1.000 veces el tipo de cambio), entre otras.

De acuerdo con el artículo 123, las multas establecidas en la normativa se duplican en caso de: explotación en un área bajo régimen de administración especial de protección ambiental; concurrencia de dos o más causales y reincidencia en la comisión de las faltas.

Cárcel por ejercicio ilegal

Las penas de prisión quedaron establecidas en el artículo 124 de la ley: Las personas naturales, así como los socios y directores de las personas jurídicas, bien sean de carácter público o privado, nacional o extranjero, que por sí o por interpuesta persona, promueva, inciten y realicen las actividades primarias sin contar con los permisos serán penadas con prisión de seis meses a 10 años.

“En el caso que las actividades señaladas en esta Ley sean desarrolladas en área bajo régimen de administración especial de protección ambiental la pena aplicable será de prisión de 10 a 15 años”, agrega el artículo.

El artículo 130 contempla la suspensión de todas o algunas de las actividades mineras autorizadas, en caso de infracción a la ley, por un lapso de 6 meses. El proyecto original no contemplaba plazos.

La ley contempla seis disposiciones transitorias. Una de ellas es que las gobernaciones y alcaldías deben adecuar sus planes, programas y leyes en la materia en un lapso de un año. También se otorga un plazo de 180 días para la publicación del reglamento de la normativa.

Se ordena además la supresión del Servicio Nacional de Fiscalización y Supervisión Minera, además del mencionado decreto de la Ley de Minas de 1999.

“Momento histórico”

Los diputados del Psuv se pusieron de pie para aplaudir al finalizar la segunda discusión, al tiempo que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaraba sancionada la ley por “unanimidad”. Asimismo, ordenó la remisión del texto legal al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad.

Rodríguez alabó el proceso de “consulta “profusa” de la ley que, aseguró, contribuirá con la “construcción de la prosperidad y el futuro”. manifestó que los pequeños mineros tendrán un instrumento “que los protege” y agradeció a los diputados por su trabajo y “percepción real del momento histórico que estamos viviendo”.

La Ley de Minas se convierte en el tercer instrumento jurídico sancionado por la AN con mayoría del chavismo. Antes se aprobó la ley de aceleración de trámites y la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el contexto de la cooperación económica con EEUU que ejerce un tutelaje sobre Miraflores desde el 3 de enero, cuando detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.