Pulso del Estado colombiano con millonario empresario que busca quedarse con una isla en Cartagena llega al Consejo de Estado

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En los estrados judiciales se libra hoy una de las batallas más emblemáticas por la soberanía del territorio nacional contra un privado.

El escenario es el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, en Cartagena, donde el predio ‘Isla Fiesta’ se ha convertido en el centro de un complejo litigio que enfrenta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contra el millonario empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde.

Se trata de un baldío de la nación de más de 600 metros cuadrados ubicado dentro del Parque Nacional Natural Islas del Rosario y del cual se ha lucradoLisocki Fryde, quien figura como uno de los financiadores de la campaña ‘Santos Presidente’ en el 2010.

Lo que comenzó como una ocupación irregular en el 2002 y luego mediada por contratos de arrendamiento con un costo irrisorio de $ 220.439 ha derivado en una "toma de hecho", según la ANT, que en el contexto actual escala la demanda hasta el Consejo de Estado mediante una acción de tutela que busca frenar lo que a juicio del Estado es un detrimento al patrimonio de la nación y un atropello contra los bienes públicos.

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Ocupación en zona protegida

Baldíos de la nación en Islas del Rosario. Foto:ANT

La historia de Isla Fiesta es la radiografía de cómo un bien baldío de la Nación —protegido por la Resolución 4698 de 1984 y ratificado como inalienable por el Consejo de Estado— terminó bajo el control exclusivo de un particular que se ha lucrado con el desarrollo de negocios para turismo de lujo en la isla durante más dos décadas.

Luego de ocupar la isla de manera irregular entre el 2002 y el 2006, según la ANT, Lisocki Fryde mantuvo la tenencia de la isla a través de dos contratos de arrendamiento sucesivos suscritos con el extinto INCODER. El último de ellos, el Contrato 013 de 2015, por un valor de $220.439 mensuales el cual expiró formalmente el 3 de diciembre de 2023.

Según las cláusulas contractuales, el empresario debía restituir el predio en un plazo de dos meses. Sin embargo, el calendario corrió y la entrega en ningún escenario se materializó.

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Del diálogo al desalojo

Islas del Rosario en Cartagena Foto:ANT

Respondiendo a un proceso de fiscalización ordenado por la Contraloría General de la República- que exigió a la ANT sanear los baldíos con contratos vencidos en las paradisiacas islas de las cuales un puñado de familias pudientes venían lucrándose con millonarios negocios para turismo de lujo- la entidad saneó contratos con 33 ocupantes de baldíos en islas del Rosario y recuperó los predios; no obstante, y según documentos en manos de EL TIEMPO, Lisocki ha sido identificado como el único renuente a formalizar su situación y entregar el bien voluntariamente.

Incluso, la ANT le ofreció una salida legal: participar en el Banco de Oferentes (bajo el Acuerdo 262 de 2023) para regularizar su estancia con un nuevo contrato, esta vez por $ 11.600.000, que, a juicio del Estado colombiano, sería un precio justo para el escenario que ocupa el millonario empresario.

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Islas del Rosario en Cartagena Foto:ANT

Aunque Lisocki Fryde manifestó interés inicial, incumplió tres invitaciones formales para presentar su oferta (mayo y septiembre de 2025, y marzo de 2026), prefiriendo, según el documento judicial en manos de este medio de comunicación, mantener la explotación del baldío como lugar de descanso privado con servicios VIP.

Ante este silencio, la ANT procedió a la recuperación material del predio mediante un operativo policía y con el acompañamiento del Distrito de Cartagena, el cual se llevó a cabo el 28 de enero de 2026.

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El magistrado que le devolvió
la isla al empresario

Islas del Rosario en Cartagena de Indias Foto:John Montaño/ EL TIEMPO

El caso dio un vuelco cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar (Sala de Decisión No. 004) con ponencia del magistrado Moisés Rodríguez, revocó un fallo inicial de tutela que le daba la razón al Estado colombiano.

El Tribunal ordenó a la ANT devolver la isla a Lisocki Fryde en un plazo de 48 horas, argumentando una presunta vulneración al debido proceso mientras se resuelve un litigio mayor de nulidad absoluta.

Esta decisión ha encendido las alarmas en el Gobierno Nacional porque podría abrir un boquete judicial para que más privados se apropien de baldíos de la nación con vocación turística.

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Lea y descargue la demanda que elevó el Estado colombiano contra el empresario

En el documento conocido por este diario, la ANT argumenta que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico y sustantivo, pues no existe ningún contrato vigente que ampare la tenencia de Lisocki. La Agencia sostiene que proteger la ocupación de un bien baldío reservado, sin título alguno, atenta contra la soberanía nacional en territorio marítimo.

"La actuación de la Agencia no obedece a una decisión discrecional, sino al cumplimiento de deberes legales y compromisos derivados del control fiscal", señala la tutela radicada ante el Consejo de Estado, haciendo referencia a los hallazgos de la Contraloría que exigen la recuperación de estos predios.

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Apropiación de lo público

Islas del Rosario en Cartagena Foto:ANT

Más allá de los 600 metros cuadrados de playas y palmeras, el caso de Isla Fiesta pone a prueba la capacidad del Estado para administrar sus bienes naturales en Cartagena.

La ANT busca que el Consejo de Estado tutele sus derechos y revoque la orden de restitución en favor del empresario, argumentando que permitir la permanencia de Lisocki sin contrato es validar una apropiación de lo público.

Mientras el alto tribunal decide, Isla Fiesta permanece en el limbo: un paraíso que, según la ley, pertenece a todos los colombianos, pero que en la práctica sigue siendo el trofeo de un privado que se sigue lucrando con el patrimonio de la nación, y cobrando millonarias a turistas extranjeros que visitan Cartagena

Además, te invitamos
a ver nuestro documental:

Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:

JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas