¿Qué ganan EEUU y Delcy Rodríguez con el levantamiento de sanciones individuales?

Durante la primera presidencia de Donald Trump (septiembre de 2018) el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un grupo de funcionarios venezolanos, entre ellos la entonces vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez; su hermano y entonces ministro de Información, Jorge Rodríguez; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y la diputada Cilia Flores.

En su momento, el Departamento del Tesoro indicó que las sanciones no eran permanentes y que podían ser levantadas a los afectados que tomaran “medidas concretas y significativas” para restablecer el orden democrático, se negaran a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y combatieran la corrupción en Venezuela.

En medio de la polémica generada en redes sociales, algunos se preguntaron qué había hecho la gobernante encargada, a partir de la detención de Maduro y Flores por parte de EEUU el 3 de enero, para que le levantaran las sanciones, aparte de cooperar económicamente con la Casa Blanca.

En las respuestas se recordó que el aparato represivo sigue en pie, que todavía hay más de 600 presos políticos en Venezuela, que no hay independencia de poderes y que el interinato, avalado por Washington, no tiene intenciones de abandonar Miraflores por la vía democrática.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo evalúan el levantamiento de sanciones personales como un “reconocimiento” de la cooperación de la interina con la administración de Trump y una “señal unilateral” (solo de EEUU) de confianza. Aunque se advierte que el propósito de las medidas y su efectividad quedan en entredicho. Tampoco se descarta que sea extensiva a otros funcionarios venezolanos “claves” para el gobierno norteamericano.

Medida de “bajo costo”

“La implicación legal principal es que deja de ser una persona (Delcy Rodríguez) sancionada y eso significa que si tuviere bienes o intereses sujetos a jurisdicción estadounidense, estos dejan de estar bloqueados. Adicionalmente, personas y empresas estadounidenses ya no tienen legalmente prohibido tratar y firmar acuerdos con ella”, explica el abogado experto en derecho internacional Mariano de Alba.

Sobre un eventual viaje de la gobernante encargada a EEUU, De Alba apunta que si bien es cierto que el levantamiento de la sanción remueve “un obstáculo adicional”, que existía para trasladarse a suelo norteamericano, el gobierno estadounidense debe otorgarle una visa o autorización especial.

Al conocer que la Oficina de Control de Activos (OFAC) la sacó de su lista de individuos sancionados, Delcy Rodríguez abogó porque la decisión sea un paso «significativo» hacia el “levantamiento total” de las sanciones contra la economía venezolana, en aras del desarrollo económico, la inversión y una agenda de “cooperación bilateral eficaz”. Dos días antes (30 de marzo), la embajada de EEUU en Caracas, reiniciaba operaciones de manera formal.

“Me parece que es una medida de muy bajo costo para el gobierno estadounidense, que se inserta en la línea de construcción de confianza con el gobierno que lidera Delcy Rodríguez, pero que sobre todo envía un mensaje claro a posibles inversionistas que todavía pueden estar viendo que Venezuela y funcionarios de su gobierno están bajo un régimen de sanciones sin que haya mucha claridad sobre si esas sanciones van a ser levantadas permanentemente”, advierte De Alba.

En este sentido, no descarta que otros funcionarios venezolanos sancionados que “sean relevantes” para asegurar inversiones, firmar contratos o tratar con personas y empresas estadounidenses, puedan verse “beneficiados” con un levantamiento de sanciones, no así la economía venezolana en su conjunto.

“Es posible que empecemos a ver progresivamente el levantamiento de buena parte del régimen de sanciones impuestas por EEUU en los últimos años. Pero creo que será difícil ver en el corto y mediano plazo un levantamiento total de sanciones, porque son parte de lo que le da poder e influencia al gobierno estadounidense en diversos asuntos económicos que tienen que ver con Venezuela”, subrayó el también experto en diplomacia.

A mediados de marzo, el Departamento del Tesoro anunció una flexibilización de sanciones a Pdvsa, considerada clave para el sector energético venezolano. La licencia autoriza a compañías estadounidenses a realizar múltiples transacciones con Pdvsa y sus subsidiarias, incluyendo la compra directa de petróleo venezolano.

Expertos aclararon que no son todas las empresas y que se mantiene prohibición sobre deudas y criptos, además de que el dinero va a fondos controlados por EE. UU, cuyo gobierno ejerce un tutelaje sobre Venezuela.

¿Qué se ha hecho por los DDHH?

De Alba admite que la restitución de la democracia no está siendo un factor determinante para el levantamiento de sanciones.

“Las expectativas estadounidenses están centradas, en enorme medida, en asuntos económicos y de acceso a recursos naturales en Venezuela. Así que veo improbable que el levantamiento de sanciones y la restitución de la democracia vayan a la par”, manifestó.

Similar opinión comparte el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, quien recordó que las sanciones personales de EEUU tenían un propósito: sancionar a las personas involucradas en violaciones de DDHH, uso del poder para la corrupción y socavamiento de la democracia.

“¿Qué cosas han cambiado para un levantamiento de sanciones? Hasta en el contexto actual no hay acciones contundentes que indiquen que la situación de violaciones de derechos haya cambiado. Delcy Rodriguez, en funciones de vicepresidenta violó sanciones en su contra, durante el episodio en España, por lo que quitarle las medidas sientan un mal precedente”, advirtio el internacionalista.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre la permanencia de 669 presos políticos en cárceles y centros de detención venezolanos,49 de los cuales presentan enfermedades graves o crónicas y requieren atención. La ONG insta al interinato a otorgar un «indulto amplio, inmediato y sin discriminación» para los presos politicos, en lugar de seguir aplicando una Ley de Amnistía con filtros.

Este 4 de abril, el Comité de Asuntos Exteriores de EEUU criticó el retiro de sanciones contra Delcy Rodríguez, por su “complicidad” en el fraude electoral del 28 de julio de 2024 y por participar en el aparato represivo gubernamental. Una de las funciones como vicepresidenta fue tener a su cargo el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que aparece señalado en informes de organismos internacionales como un cuerpo policial que ha incurrido en crímenes de lesa humanidad.

«Delcy fue la brutal cómplice de Maduro en el robo de las elecciones y la represión de los venezolanos. Tres meses después, ha sido eliminada de la lista de sanciones de EEUU, sin ningún plan de reformas y con su régimen acosando y encarcelando a sus opositores políticos», dice el duro comunicado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Sancionada por la UE

Vale recordar que Delcy Rodríguez también es una de los 69 venezolanos sancionados por la Unión Europea (UE) por acciones contra la democracia y el estado de derecho, violaciones de DDHH y represión de la sociedad civil y la oposición en Venezuela. Fue incorporada a la lista desde junio de 2018, en momentos en que dejaba la presidencia de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente para asumir la vicepresidencia.

Las medidas incluyen congelación de activos, prohibición de suministrar fondos o recursos económicos directa o indirectamente y de viajar al territorio de la Unión Europea. A Delcy Rodriguez se le señala de haber pisado territorio español en enero de 2020, con la anuencia del gobierno de Pedro Sánchez, en un escándalo denominado mediáticamente como “Delcygate” (negociación de petróleo para financiar al Partido Socialista Obrero Español).

El 10 enero de 2025, tras el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024, la UE ratificó las sanciones impuestas contra funcionarios venezolanos e incluyó a otros como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez. La cabeza del Poder Judicial ratificó a Maduro en la presidencia pese a que el Poder Electoral no presentó las pruebas de su reelección.

Contreras no ve en el horizonte que la UE – pese al lobby de España- vaya a imitar a EEUU en el levantamiento de sanciones, por lo que hasta en el contexto actual lo percibe como una “medida unilateral” en el contexto del tutelaje. Subraya que el Parlamento Europeo no ve elementos que contribuyan a una suspensión de esas sanciones.

“El régimen de gobierno venezolano no ha cambiado más allá de la cooperación económica y creo que la UE lo ve así, salvo el gobierno de España que está vinculado a través de Rodriguez Zapatero. El único al parecer que percibe cambios es Trump, porque a lo interno para los venezolanos también hay pocas diferencias, la gente se empobrece más con los días, tenemos la inflación más alta del mundo, sigue habiendo presos políticos”, reiteró.

Sin embargo, ve la decisión del gobierno norteamericano como una medida que puede revertirse en el tiempo, dependiendo de las condiciones.

“Para Delcy Rodríguez, que EEUU le levante las sanciones por en el contexto actual, es un avance en su intención de legitimarse en el poder, pero hay otros elementos a tomar en cuenta como las investigaciones de la justicia estadounidense”, recordó.

Hace un mes, la agencia Reuters reveló que el Departamento de Justicia de EEUU gestiona una acusación penal reservada contra Delcy Rodríguez por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, versión que el fiscal general adjunto de Washington, Todd Blanche, salió a desmentir en momentos en que Washington establecia acuerdos mineros con Venezuela.