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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- La guerra abierta por la política migratoria entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular suma un nuevo y tenso capítulo a cuenta del reparto de los menores extranjeros no acompañados (menas).
El Ejecutivo ha decidido imponer de forma unilateral los nuevos criterios y el incremento de plazas para la acogida de menores, un asunto que ha provocado un choque institucional sin precedentes con las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.
El reparto de estas plazas iba a ser debatido y presentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por la ministra Sira Rego el pasado lunes.
Sin embargo, las comunidades del PP (a excepción de Ceuta) protagonizaron un boicot al no conectarse a la reunión telemática, alegando que la convocatoria era "ilegal" e intentaba imponer un sistema caducado.
La falta de quórum impidió la celebración de la cumbre. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia decidió ignorar el plantón autonómico, argumentando que los puntos del orden del día eran de mero "carácter informativo", y elevó directamente la medida al Consejo de Ministros para su aprobación.
Fuentes ministeriales confirman que presentarán el borrador del futuro Real Decreto de "capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad" para ser aprobado por el Gobierno de España en próximas semanas.
El nuevo planteamiento diseñado por el Gobierno central incluye un aumento de plazas ordinarias, de 16.000 a 17.000, e impacta de forma desigual en cada autonomía, a pesar de que no se ha contado con sus gobiernos para la elaboración de los nuevos repartos.
Las regiones que soportarán el mayor volumen total de plazas serán Andalucía (con 3.009), Cataluña (con 2.829) y la Comunidad de Madrid (con 2.471).
En términos proporcionales, donde más crece la cuota de acogida es en la Comunidad Valenciana, con un incremento del 7,14%, seguida de la Ciudad de Ceuta (6,89%) y de Castilla-La Mancha (6,73%).
Por el contrario, los menores incrementos porcentuales se registran en Galicia (5,74%), País Vasco (5,79%) y Cantabria (5,82%).
El conflicto político de fondo radica no solo en el número de plazas, que se aprueba sin quórum, sino en el marco legal en el que se basará el siguiente paso: mover jóvenes migrantes de regiones tensionadas, como Canarias o Ceuta, a regiones menos afectadas por la crisis migratoria.
Todo este nuevo reparto de plazas se impulsa para ampliar la aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, aprobado en el Congreso de los Diputados hace más de un año con el objetivo de gestionar las contingencias migratorias.
Sin embargo, los gobiernos autonómicos del PP, encabezados por la firme oposición de la Comunidad de Madrid, denuncian que ese "decretazo" solo tenía una vigencia de un año y, por lo tanto, actualmente está caducado y carece de cobertura jurídica.
Al considerar que la norma ha expirado, el equipo de Isabel Díaz Ayuso se negará a aplicar el reparto y rechazará nuevos traslados bajo este régimen, acusando al Gobierno de impulsar distribuciones forzosas "como si fueran paquetes".
Frente a la rebelión autonómica, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insiste en que el mecanismo sigue plenamente vigente y es de obligado cumplimiento.
Torres ha justificado su validez basándose en una decisión de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid. En su petición, la región demandaba no continuar con la tramitación de siete expedientes de traslado de menores al estar en estudio tras dar por caducado el decreto.
Pero, en un decreto emitido el 27 de marzo, la Fiscalía decía que las "resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos" y que no concurrían "circunstancias que justificaran su suspensión", por lo que daban pie a seguir con los expedientes de los jóvenes.
La decisión, según el ministro Torres, es el claro ejemplo de que su normativa estatal sigue vigente. No obstante, desde el Gobierno madrileño rebaten tajantemente esta justificación.
Aseguran que la resolución concreta de esos siete menores se debe "exclusivamente" a que sus expedientes de traslado se tramitaron antes de que el decreto caducara. Y que, por tanto, la decisión de la Fiscalía no avala "en absoluto" la vigencia actual de un texto legal "caducado".
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