El Gobierno retiró de la Contraloría General de la República el decreto -elaborado por la Administración de Gabriel Boric- que buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo bajo la Ley Karin.
"Vengo a retirar del trámite de toma de razón el Decreto N10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el decreto N21 de 2024, que Aprueba Reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de Investigación de Acoso Sexual, Laboral o de Violencia en el Trabajo", señala el oficio presentado el 25 de marzo por la Subsecretaría del Trabajo.
La decisión del Ejecutivo se dio a conocer este viernes por medio de una denuncia de la diputada Ana María Gazmuri (AH): "El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable", reprochó.
🚨 GRAVÍSIMO RETROCESO 🚨 El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable. ⚠️ pic.twitter.com/yo5XOpOiWZ
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 3, 2026
Gobierno de Boric: "El objetivo era resguardar los principios de la ley"
Personeros de la Administración de Gabriel Boric indicaron a La Tercera que las modificaciones al actual reglamento, ingresadas días antes del cambio de mando por la Subsecretaría del Trabajo, se elaboraron en el marco del monitoreo del primer año de la implementación de la Ley Karin.
"El objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización", explicó Ximena Valencia, exjefa de asesores del Ministerio del Trabajo de Boric, quien destacó que la gran cantidad de denuncias recibidas pudo haber "tensionado" los procedimientos institucionales, lo que ameritaba introducir mejoras al proceso.
Según la Administración Boric, el principal riesgo de la medida adoptada por el Gobierno de Kast radica en que "eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares".
Administración Kast: "No se está debilitando ninguna obligación"
El actual subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, abordó los cuestionamientos y explicó al medio que "la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas".
"Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes", complementó.
En ese sentido, la autoridad instó por una "nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa".
