Con la inobservancia de una sentencia irrecurrible del TC y la pretendida eliminación de las candidaturas independientes, senadores y diputados no solo hacen lo que no podían ni jamás debieron intentar, sino que le han infringido una muy peligrosa y perturbadora estocada a la institucionalidad del país.
Si el Tribunal Constitucional, como última instancia, es el guardián e intérprete de la Constitución por excelencia, mal puede el Congreso desobedecer de modo provocador un mandato del órgano calificado y menos querer trazarle pautas a éste y a sus jueces en materia de interpretación de la Carta Magna.
A los legisladores, muchos de ellos representantes de intereses de todo tipo y acostumbrados a bailar el ritmo del oportunismo y del color político de turno en el poder, no le usurparon sus funciones legislativas, sino que, a ellos, quien tiene la facultad, les recomendó única y sencillamente arreglar o ajustar tres artículos de la Ley Electoral que desentonaban con el derecho fundamental de elegir y ser elegible, a fin de garantizarlo.
Complicidad compartida
Pero los congresistas, con las dos cámaras en complicidad compartida, se extralimitaron y, en vez de modificar y mejorar los artículos controversiales, se decidieron por “eliminarlos” de golpe y porrazo de la ley, en una actitud monopólica y antidemocrática de los partidos políticos que, por demás, abre una caja de pandora y pone en entredicho el orden institucional.
Si lo mejor que pudo pasarle al país es contar con un órgano garantista de derechos y de la Constitución, como el TC, lo peor sería que se quebrantara el respeto y la autoridad de ese órgano de equilibrio y de respeto a las reglas de juego de la nación, y que nos quedáramos sin un árbitro superior que, en la eventualidad de un gran tranque político- institucional, pueda decir la última palabra y poner las piezas en orden.
La ignorancia – o arrogancia- es atrevida, porque: ¿cómo se les ocurre a los legisladores decirles al Constitucional que tal o cual sentencia o mandato son inconstitucionales o “contrarios a la Carta Magna”?.
Con su mostrenca decisión, el Congreso empuja al jefe del Ejecutivo al dilema de tener que observar la pieza, por violar una sentencia del TC y evitar que el equilibrio institucional se rompa, o promulgarla, con el costo político que representaría. Porque, y aun no siendo así, le cargarían a su lista la autoría de una eventual línea política a los legisladores para el desacertado paso.
Un pecado sin provecho, porque ¿qué van a hacer con una ley adjetiva, frente al mandato de otra sustantiva del órgano calificado? Un funesto precedente que solo el presidente, con su liderazgo y poder de veto, puede corregir. De lo contrario, la seguridad jurídica y el buen clima de inversión del país se irían a pique.
jpm-am
