En estos días, el caso Adorni ha suscitado justificadamente la atención pública, ya que en su resolución política y judicial no sólo se juega la suerte personal de un funcionario clave, sino también la credibilidad ética del actual gobierno, que ha hecho de la lucha contra los vicios de la “casta” uno de los pilares de su discurso. Sin embargo, esto no debería distraernos de otro debate ético más profundo y de mayor alcance: aquel que coloca a toda la sociedad ante dos modelos contrapuestos de país, uno que prioriza la libertad y otro que enarbola la bandera de la “justicia social”.
En este último debate debe encuadrarse la creciente tensión entre los obispos argentinos y el gobierno. Este último se define a sí mismo como “libertario”, es decir, perteneciente a una corriente ideológica que reivindica una reducción drástica del Estado y una fuerte confianza en el orden espontáneo del mercado y de la sociedad civil; un ideario que, hasta hace pocos años, habría sido anatema en nuestro país, pero que hoy, lejos de ser marginal, ha conseguido un respaldo electoral considerable y modifica profundamente el escenario para la actuación pública de la Iglesia.
Hasta ahora, los obispos, defensores del modelo alternativo, han evitado una confrontación institucional directa, manifestando su profundo desacuerdo con las políticas de este gobierno a través de pronunciamientos sobre temas específicos. Así, por ejemplo, en su mensaje por los 50 años del último golpe militar, introducen su reflexión con dos citas de Fray Mamerto Esquiú: una primera que advierte que “la libertad sola” conduce a la “disolución”, y otra que consiste en un llamado a los ciudadanos a “inmolar una parte de sus libertades individuales” en aras del interés colectivo. A partir de allí, observan que “una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”. Es necesario, por lo tanto, “rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana”, a través de “un proyecto estratégico de desarrollo” que privilegie el bien común y la solidaridad con los más débiles. La crítica dirigida al discurso oficial resulta inocultable.
Por su parte, el Presidente defiende su gestión no sólo en términos de eficacia, sino también -y en primer lugar- con argumentos éticos. No es casual que, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, haya afirmado que la Argentina necesita colocar “la moral como política de Estado”, en contraposición a las administraciones precedentes. En esa misma ocasión, resaltó que había logrado estabilizar la economía del país “sin expropiaciones, ni default, ni hiperinflaciones, que hubieran llevado la pobreza al 90% de los argentinos”, sino “respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”. Y, en la cadena nacional con motivo del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF, sentenció: “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal”. En expresiones como estas es difícil no leer, entre líneas, una crítica a la “justicia social” tal como la concibe el episcopado.
Las denuncias de corrupción contra este gobierno, siendo indudablemente graves, no deberían servir como una pobre excusa para desacreditar el desafío de carácter ético -y no simplemente técnico- que su discurso lanza contra las políticas que, a lo largo de décadas, nos han empujado por el camino del fracaso y el retroceso. Porque la confrontación entre “libertarios” y “solidaristas” seguirá gravitando decisivamente sobre el rumbo del país cuando las actuales autoridades hayan cesado en sus funciones.
Es importante que la Iglesia, que desempeña un papel activo en este enfrentamiento, sea consciente de la novedad de su propia situación. Durante mucho tiempo, su palabra en temas sociales gozó de una autoridad moral ampliamente reconocida. Hoy, la decreciente repercusión de sus intervenciones públicas podría leerse como indicio de un cambio cultural profundo. Una sociedad cada vez más plural y crítica parece más inclinada a adherir al respeto de la propiedad privada y de los derechos individuales que a la apelación a un concepto difuso de solidaridad destinado a relativizarlos.
Esto no significa que la Iglesia deba plegarse de un modo acrítico al espíritu de los tiempos ni renunciar a su propio mensaje social, pero sí que necesita actualizarlo, dotándolo de mayor rigor intelectual y equilibrio, para devolverle relevancia en este nuevo contexto del país. Porque su principal desafío no es lidiar con un gobierno libertario: es volver a convencer a la sociedad.
Sacerdote y teólogo, Consejo Consultivo Instituto Acton Argentina
