La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció una grave crisis humanitaria en los centros penitenciarios de Venezuela, donde la falta de atención médica especializada ha convertido la privación de libertad en una “doble condena” para decenas de presos políticos con enfermedades graves o crónicas.
Según el informe gráfico difundido por JEP, actualmente hay 49 venezolanos con enfermedades graves o crónicas bajo custodia del Estado y que entre 2015 y 2026 se han registrado 26 muertes de presos políticos por falta de atención médica, lo que la organización atribuye a la “irresponsabilidad del Estado” y un “vacío de justicia”.
En su publicación en X, JEP enfatizó que “la salud es un derecho inalienable que no se suspende con la privación de libertad” y advirtió que la omisión estatal está comprometiendo la vida de estas personas.Entre los casos más críticos destacan:
- Merys Torres de Sequea (INOF): artritis espondilitis, crisis hipertensivas y desgaste vertebral.
- Emirlendris Benítez (INOF): en silla de ruedas por patologías crónicas que incluyen parálisis parcial, fibromialgia y otras afecciones graves.
- Orlando Laufer (70 años): paciente oncológico con tumor cerebral, trasladado a un destino desconocido.
- Leonardo Chirinos: cuadro severo de salud mental con intentos de suicidio y autolesiones, sin atención psiquiátrica urgente.
La organización citó el Artículo 43 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar la vida de toda persona bajo su custodia, y exigió la aplicación inmediata del Artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que prevé medidas sustitutivas de la privación de libertad por razones humanitarias en casos de enfermedad grave.
“Las familias, quienes sostienen con su esfuerzo diario el cuidado de sus seres queridos, no deben enfrentar el silencio administrativo como respuesta”, señaló JEP.
El documento titulado “Crisis humanitaria en las cárceles de Venezuela: la doble condena de los presos políticos enfermos” califica la situación como un trato “cruel, inhumano y degradante” que viola tanto la normativa nacional como los estándares internacionales de derechos humanos.
JEP hizo un llamado urgente al sistema de justicia venezolano para que priorice la dignidad y la vida de estas personas.
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