El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar un nuevo estado de excepción en ese país, vigente por 60 días, para combatir al crimen organizado, el cual abarca a nueve de las 24 provincias, así como a cuatro municipios ubicados en otras tres regiones.
Entre las jurisdicciones donde regirá la medida se encuentran la capital Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, que suman entre las dos unos 7 millones de habitantes, de un total de cerca de 18 millones que tiene el país andino.
Durante este estado de excepción estarán suspendidos los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de modo que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán ingresar a viviendas sin autorización judicial previa, así como interceptar comunicaciones.
Asimismo, las FF.AA. se desplegarán para desarrollar operaciones contra las organizaciones criminales en coordinación previa con la Policía.
El decreto fue emitido este jueves, al inicio de los tres días festivos por Semana Santa, mientras que millones de ecuatorianos emprenden viajes para visitar otras zonas del país.
Las provincias bajo esta medida están ubicadas principalmente en la costa, donde se concentran las actividades de las organizaciones criminales, dedicadas principalmente al envío de grandes cantidades de cocaína -producida principalmente en Colombia- hacia Europa y Estados Unidos.
Este es el caso de Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
A ellas se suma Pichincha, donde se encuentra Quito, y la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza también con Colombia, donde recientemente las FF.AA. de Ecuador desarrollaron operaciones militares con la colaboración de EE.UU, supuestamente para destruir campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.
