Vuelven a postergar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la Ciudad

El Gobierno resolvió una nueva postergación en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del proceso de transición hacia el sistema acusatorio. La medida fue oficializada mediante la Resolución 186/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este viernes en el Boletín Oficial. De esta manera, la implementación, que estaba prevista para el 10 de noviembre de este año, se trasladó al 15 de febrero de 2027.

Desde la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques señalaron que la decisión responde a dificultades técnicas, materiales y organizativas detectadas durante el proceso de adecuación. Estos obstáculos impactaron en la capacidad de la Justicia federal en lo penal y en lo penal económico para adaptarse al nuevo esquema, que ya funciona en distintos distritos del país.

Según explicaron, la prórroga permitirá completar obras de infraestructura, reforzar equipos especializados y garantizar una transición ordenada hacia el nuevo modelo.

Un cambio de sistema

El Código Procesal Penal Federal introduce el sistema acusatorio, con mayor protagonismo del Ministerio Público Fiscal, más oralidad en los procesos y mayor velocidad en la resolución de los casos.

Sin embargo, la implementación en la Ciudad presenta desafíos particulares. El distrito concentra una alta proporción de jueces y fiscales a nivel nacional, además de un volumen significativo de causas complejas vinculadas a delitos económicos, corrupción, narcotráfico y trata de personas.

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Desde la cartera de Mahiques señalaron que la decisión responde a dificultades técnicas, materiales y organizativas detectadas durante el proceso de adecuación.

Falta de recursos y causas en trámite

Uno de los principales problemas señalados es la coexistencia de expedientes bajo el sistema anterior, lo que obliga a una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios. En ese contexto, la Procuración General de la Nación advirtió sobre asimetrías operativas y una insuficiencia crítica de espacios físicos, pese a las inversiones ya realizadas.

El nuevo sistema ya rige en varios distritos federales del país, aunque todavía resta su puesta en marcha en otras jurisdicciones, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Justicia remarcaron que se trata de una política de Estado que requiere la coordinación de distintos organismos, entre ellos la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General.

Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo busca asegurar condiciones adecuadas para una implementación efectiva y sostenible del sistema acusatorio en uno de los distritos más complejos del país.