Claudia Sarmiento y proyecto de revisión de mochilas: “El riesgo que corremos es que esto se haga rápido y de forma irreflexiva”

La abogada Claudia Sarmiento cree que eso es lo que puede ocurrir en torno al proyecto que busca mayor seguridad en los colegios y que fue presentado esta semana por el Presidente José Antonio Kast.

El martes, el Mandatario firmó dos proyectos de ley que buscarán mejorar las medidas de seguridad en los establecimientos educacionales. Uno que propone modificar el Código Penal y que sumará nuevas agravantes, y otro que tiene un enfoque preventivo. Este último, permitirá que docentes revisen mochilas y bolsos de estudiantes. La iniciativa, que no ha convencido a todos, surge luego de un grave caso ocurrido en Calama donde un estudiante dio muerte a una inspectora y dejó grave a otras dos personas.

La abogada -académica y socia en Sarmiento, Walker y García- en entrevista con La Tercera valora la iniciativa, pero subraya que una discusión rápida puede crear un perjuicio para el objetivo final que persigue el mensaje.

¿Qué le parece este proyecto?

Hay varias cosas que uno puede decir ahí. La primera es que el objetivo del proyecto, esto es garantizar que todos los niños estén seguros dentro de la comunidad educativa, es sustancial. Que los niños puedan educarse de forma tranquila, sin que corran riesgo, que los profesores puedan hacer su trabajo sin temores, es una cuestión de primera importancia. La segunda es que es un primer pincelazo de cuál es una de las alternativas posibles para alcanzar ese objetivo.

¿Puede haber algún derecho fundamental de los niños que esté siendo vulnerado?

Lo primero es que son son niños y la Convención de Derechos del Niño establece la necesidad de que prime el interés superior de ellos. Además de ese marco, está la Ley de Derechos y Garantías de la Niñez, que en nuestra normativa establece la necesidad de que este interés superior sea el que ordene la gestión del Estado. Y establece también la prohibición de discriminación y el respeto de los niños y de sus derechos en general. Entonces, cuando la propuesta plantea la revisión, el objetivo de garantizar la seguridad de todos es legítimo, pero eso tiene que tener en consideración muy especialmente los derechos de los niños a la integridad física y psicológica. La medida que se plantea de revisión de los útiles personales, de las mochilas, de los bolsos de los niños, es bastante potente.

¿Cuál sería el criterio de quien le toque hacer la revisión de los objetos?

Eso tiene la complejidad de que el proyecto de ley lo entrega a la comunidad educativa. Entonces si bien dice que deben resguardarse los derechos de los niños, les está entregando a los colegios públicos o privados y a la comunidad decidir cómo va a potencialmente afectar los derechos fundamentales de los niños de esa comunidad. Y cuando tú le entregas una potestad tan sustancial a un colegio, la lógica indica que tiene que haber un mayor detalle, una densidad constitucional que permita prevenir situaciones de discriminación.

¿Cómo se resuelve la tensión que ocurre entre la protección de la seguridad y la privacidad?

Esa tensión constitucional tiene que primero identificar si existen algunas reglas respecto de las cuales ya tenemos algún tipo de claridad. Una primera cuestión es que si yo tengo una prohibición de discriminación de los niños, cualquier reglamento, cualquier situación que se genere, tiene que tener establecido con una pertinencia prístina en qué hipótesis va a ser legítimo que se revisen las pertenencias de los niños. Al mismo tiempo, una cuestión que es delicada es que sean los establecimientos educacionales los que regulen conforme a su propia convicción cómo hacerse cargo de esto. Entonces, el proyecto de ley, reconoce la tensión porque dice que debe resguardarse el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la vida privada, a la honra, al interés superior del niño y de la adolescencia. Pero esa es una evocación que no está acompañada de criterios claros de cuándo nos encontramos frente a un peligro, de cómo prevenir efectivamente la discriminación, de qué va a pasar con la información privada de ese niño que recaben quienes revisan sus cosas.

¿Hay más situaciones que deberían abarcarse?

Sin ir más lejos, si existe oposición del niño, si el apoderado no alcanza a llegar, se faculta a los establecimientos educacionales para comunicar los antecedentes a las fuerzas de orden y seguridad. Y se incorpora la lógica de que pueden revisar las vestimentas y efectos personales de los niños sin orden del fiscal, sin un control judicial. Entonces, ¿qué pasa con esto? No estamos en un caso de flagrancia, no estamos en una hipótesis de una orden fiscal. Imaginémonos que un niño inmaduro, lo que forma parte de la niñez, no quiere mostrar o abrir su mochila porque a lo mejor tiene algo que lo avergüenza, tal vez no un arma, pero está nervioso y lo avergüenza. No encuentran a los padres y él se niega a abrir la mochila y llega Carabineros. ¿Cómo podemos resguardar la integridad psicológica de ese niño? ¿Cómo podemos prevenir que su privacidad vaya a ser resguardada y que los efectos de esta acción no generen discriminación? ¿Qué pasa con los niños que tienen necesidades especiales como el Trastorno de Espectro Autista? Eso no está contenido aún en este proyecto de ley.

¿Cree que legislar con la presión de la contingencia puede terminar en un proyecto populista?

No. Yo creo que la contingencia requiere de una respuesta. Y una respuesta de carácter legislativo puede ser idónea. De hecho, este tipo de acciones que se están planteando requieren de una ley, no podría hacerse de otra manera. El riesgo que corremos es que esto se haga rápido y de forma irreflexiva. O que no nos demos cuenta que bajo el propósito de resguardar a los niños, estemos ignorando cómo las medidas propuestas tienen el potencial de afectar sus derechos constitucionales.