La pobreza en República Dominicana: entre cifras oficiales y realidad

“Cuando los subsidios superan a la pobreza estimada” (1 de 3)

En un artículo publicado en julio del pasado año en el Listín Diario, el economista Andy Dahuare presenta un análisis mediante el cual expone cómo el gobierno actual ha venido realizando transferencias de subsidios antipobreza en una magnitud muy superior a la población en condición de pobreza establecida por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), organismo al cual corresponde identificar las familias pobres en los diferentes territorios.

El artículo analiza los distintos programas de subsidios y se enfoca en mostrar cómo el gobierno actual, a partir de 2021, además de duplicar el monto del subsidio mensual otorgado a cada hogar a través de la tarjeta Solidaridad —de RD$825 a RD$1,650—, también ha incrementado en “un 96%” la cantidad de hogares subsidiados, lo cual, a su juicio, no solo supera el universo de hogares pobres establecido por el SIUBEN, sino que además contrasta con la reducción de la tasa de pobreza monetaria que reportan los organismos oficiales.

El articulista examina el impacto presupuestario de estas decisiones, programa por programa —de forma algo imprecisa en algunos casos—, incluyendo el subsidio a la tarifa eléctrica y los beneficiarios del seguro familiar de salud subsidiado. Concluye señalando que: “Lo anterior revela que, si regresamos a los tiempos en que los subsidios sociales se concedían exclusivamente a quienes lo necesitaban, el Gobierno podría mejorar sensiblemente sus finanzas públicas, lo que permitiría duplicar, por lo menos, la inversión pública en infraestructura física ejecutada, estimulando un mayor crecimiento económico y creando las condiciones para una reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB”.

Comprendo que, desde una perspectiva económica de corte neoliberal, su conclusión se oriente hacia la reducción de los subsidios dirigidos a los sectores pobres y medios, con el objetivo de liberar recursos para la inversión en infraestructura y el pago de la deuda. Se trata de un enfoque que prioriza el equilibrio fiscal como criterio ordenador de la política pública. Coincidimos en que existe un desbalance y en que deben respetarse las normativas del sistema de subsidios del Estado; no obstante, cabe agregar que estas transgresiones podrían explicarse también por prácticas de carácter político, clientelar o proselitista por parte del gobierno de turno.

Sin embargo, considero que en la base de esta problemática subyace una cuestión más profunda que el articulista no aborda: la posibilidad de que esta instrumentalización política de los subsidios encuentre su caldo de cultivo en el hecho de que los hogares pobres e indigentes sean significativamente más numerosos que los registrados por los organismos oficiales. Es decir, que estemos ante una subestimación de la pobreza, tanto en su dimensión monetaria —calculada a partir de los datos del Banco Central— como en su carácter histórico-estructural, parcialmente captado por el Sistema Único de Beneficiarios.

Lo anterior sugiere que el complejidad no puede reducirse a una visión fiscalista centrada en la expansión del gasto social, sino que debe analizarse en durante la naturaleza de la pobreza y de los métodos utilizados para medirla, los cuales tienden a excluir a sectores que, aun en condiciones precarias de reproducción de la vida, son clasificados como no pobres.

Esta hipótesis obliga a replantear la relación entre medición estadística y realidad social, en la medida en que las políticas públicas parecen estar operando sobre un universo de necesidades más amplio que el reconocido por los propios indicadores oficiales. En una próxima entrega abordaremos esta problemática a partir de un análisis comparativo de la metodología utilizada para la medición de la pobreza —tanto monetaria como estructural, esta última medida por el Sistema Único de Beneficiarios—, con el fin de evaluar la consistencia entre estas mediciones y la realidad socioeconómica del país.

Por Nelson De Los Santos P.