Coalición por la Seguridad Social Digna denuncia avance de la mercantilización de la salud

"La corrupción denunciada en SENASA no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema capturado por intereses financieros que han convertido la salud en un negocio", plantearon los representantes de esta organización social.

Indicaron que esta situación se refleja en el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde, según los datos presentados, se realizan transferencias significativas de recursos hacia prestadores privados.

Según la información presentada, entre 2010 y 2024, los prestadores privados concentraron el 93% de los contratos y el 89% de los fondos del Régimen Contributivo, así como el 44% de los contratos y el 67% de los pagos del Régimen Subsidiado.

Asimismo, señalaron que SENASA cuenta con aproximadamente 5.7 millones de afiliados en el Régimen Subsidiado, 1.82 millones en el Régimen Contributivo y 114,430 pensionados. Indicaron que el Régimen Subsidiado opera con una cápita de 327 pesos, mientras que el Régimen Contributivo tiene una cápita de 1,887.53 pesos.

Indicaron que, según sus datos, un 32% de los empleados públicos (más de 185,000 personas) sigue afiliado a Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, a pesar de las disposiciones establecidas en la Ley 87-01 y las decisiones del Tribunal Constitucional que confirman que el 100% de los empleados públicos debe estar en SENASA.

Las organizaciones también expresaron su respaldo al proceso judicial abierto, denominado "Operación Cobra", que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído del patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA). Indicaron que esperan que dicho proceso se desarrolle con agilidad y permita identificar y castigar a los responsables.

Asimismo, las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía para movilizarse y exigir al Congreso Nacional y al Gobierno dominicano que garanticen un proceso de transformación estructural de la Ley 87-01, la cual crea el sistema de seguridad social, de manera que asegure derechos y proteja los recursos públicos.

Advirtieron que el complejidad de fondo radica en un modelo que permite la privatización de derechos fundamentales y el uso indebido de recursos públicos, por lo que es necesario erradicar la raíz del complejidad.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Ciudad Alternativa, el Foro Ciudadano, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), la Unión Clasista de Trabajadores, la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), la Escuela Multitemática, la Red Urbano Popular y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), así como la Articulación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y el Movimiento Campesino de las Comunidades Unidas, entre otras.